La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha citado a Olmedo de Jesús López Martínez para que declare como testigo dentro del proceso penal que se adelanta contra el senador Carlos Andrés Trujillo González, relacionado con el manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia tendrá lugar el lunes 8 de septiembre a las 8:30 a.m. en las instalaciones de la Corte Suprema y contará con la presencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez.
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El documento fue dirigido al abogado defensor de López, José Luis Moreno Caballero, quien coordina su asistencia.
La diligencia busca aclarar los vínculos y supuestas irregularidades en la contratación de servicios, así como determinar el alcance de la relación entre el exfuncionario y el senador Trujillo González.
La historia profesional de López Martínez y Trujillo González se remonta a la época en que ambos coincidieron como estudiantes en la Universidad Latinoamericana de Antioquia.
Según registros consignados por El Tiempo, Trujillo habría reconocido el perfil político de López y facilitado su entrada a la vida pública: primero nombrándolo secretario de Ambiente en Itagüí durante el mandato de Trujillo como alcalde, y más tarde apoyándolo en su ascenso a la dirección de la Ungrd, una entidad estratégica para la gestión de riesgos y desastres en Colombia.
Diversas fuentes del Congreso y del Partido Conservador consultadas por el medio citado confirmaron que Trujillo tiene influencia directa sobre la carrera pública de López.
Las investigaciones periodísticas indican que, debido a esta relación, Trujillo habría asegurado apoyo electoral en puntos distantes de su zona política natural, incluyendo regiones como La Guajira.
Tal situación ha llamado la atención de los entes de control, por la aparente expansión del capital político de Trujillo gracias a los recursos de la Ungrd.
Pero, el caso ganó notoriedad debido a contratos firmados con empresas vinculadas a aliados políticos de Trujillo.
Una de las compañías identificadas es Max Event BTL SAS, con sede en Envigado, contratada para organizar la Feria del Agua en La Guajira en julio de 2023, por un monto de 990 millones de pesos.
Otra empresa, Impresión Solvente, ligada al grupo de Trujillo, habría fabricado los logotipos de los carrotanques que forman parte de un programa de abastecimiento, acción que ha sido objeto de críticas públicas.
Estos detalles han llevado a la Corte Suprema a concentrar el interrogatorio sobre las posibles irregularidades cometidas y el flujo de recursos estatales a redes de empresas cercanas a figuras políticas.
Las conexiones entre el senador conservador y el exdirector de la Ungrd serán examinadas bajo nuevas evidencias y testimonios recogidos en el proceso judicial, que busca establecer responsabilidades individuales y patrimoniales por presunto desvío de fondos públicos.
La declaración de Olmedo López reviste relevancia no solo por su rol directivo en la Ungrd, sino por las reiteradas afirmaciones de que él no fue cuota política de Trujillo.
“No tengo nada que ver en este caso de corrupción”, sostiene López, quien niega vínculos directos en los hechos investigados. Pese a ello, el proceso evidencia la complejidad de las relaciones políticas y administrativas en el manejo de recursos públicos en entidades descentralizadas.
Durante la investigación, la magistrada Cristina Lombana ha ordenado un minucioso escrutinio de los contratos adjudicados por la Ungrd y de las transferencias de recursos para proyectos ejecutados en departamentos apartados como La Guajira.
Se espera que en las próximas sesiones se decida si existen motivos para formular cargos o ampliar el círculo de investigación a otros funcionarios y contratistas vinculados.
Este episodio es una muestra más de la presión institucional para esclarecer los hechos que involucraron la gestión de la Ungrd durante periodos recientes y la influencia de líderes políticos en la adjudicación de contratos.
Cabe destacar que la audiencia de López podría marcar un punto clave para establecer responsabilidades y dar nuevos elementos de juicio a la Corte Suprema en su decisión final.
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