
Los precios de los cigarrillos y vapeadores en Colombia podrían dar un giro. El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un proyecto de ley que contempla un aumento significativo de impuestos a estos productos, con el que espera recaudar más de un billón de pesos adicionales en 2026.
Aunque el debate en el Legislativo apenas comienza, la propuesta llega acompañada de dos propósitos claros, reducir el consumo de tabaco y sus sucedáneos, y garantizar recursos frescos para el Presupuesto General de la Nación.
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En la exposición de motivos, el Gobierno argumentó que la medida sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cartera de Hacienda plantea que, con el nuevo esquema, el consumo anual de cigarrillos caería un 40,4%, pasando de 409 millones de cajetillas a 244 millones. En el caso de los vapeadores, la reducción sería del 49,9%, con una baja de 134 millones de mililitros a 67 millones.
El cálculo no se queda solo en la salud pública, el recaudo también crecería. Según el Ministerio, los impuestos a los cigarrillos aportarían $762.000 millones adicionales por año, mientras que los vapeadores generarían alrededor de $309.000 millones. En conjunto, el efecto fiscal superaría el billón de pesos a partir de 2026.
¿Cómo funcionarían los nuevos gravámenes?
El proyecto mantiene un impuesto ad valorem del 10% sobre cigarrillos e introduce uno del 30% para los electrónicos. Además, incrementa el impuesto específico de $4.068 a $11.200 por cajetilla de 20 unidades y, en el caso de la nicotina oral, eleva la tarifa de $324 a $891 por gramo. Los líquidos usados en vapeadores pagarían $2.000 por mililitro.
De acuerdo con el documento, “se estima que el precio de los cigarrillos aumentaría en un 57,7% y el de los vapeadores en un 57,2%. Este ajuste acercaría los precios nacionales de los cigarrillos a los estándares observados en otros países de América y contrarrestaría parcialmente el rápido descenso de los precios de los sucedáneos”.

El ministerio recordó que la OMS recomienda que los impuestos representen al menos el 75% del precio final de la cajetilla, meta que Colombia alcanzaría con esta reforma.
La medida se apoya también en cifras de impacto social y sanitario. La OMS advirtió que el tabaco provoca cerca de ocho millones de muertes anuales en el mundo. En Colombia, los costos relacionados con enfermedades atribuibles al consumo de tabaco superaban, ya en 2017, los $6,5 billones al año, a los que se suman $11 billones en pérdidas de productividad.
Los vapeadores, que en un comienzo fueron promocionados como una alternativa “menos dañina”, preocupan cada vez más a las autoridades. El Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 reveló que el 11% de los estudiantes había consumido cigarrillos electrónicos en el último mes, frente a un 4,5% que reportó consumo de cigarrillo convencional.

“Los vapeadores se han convertido en una nueva vía de administración de nicotina, generando dependencia y múltiples efectos nocivos en sus consumidores. Niños, adolescentes y jóvenes son particularmente vulnerables, presentando una mayor incidencia de síntomas bronquíticos entre los usuarios adolescentes de cigarrillos electrónicos”, señaló el Ministerio de Hacienda en el texto presentado.
Aunque esta vez el Gobierno confía en que la iniciativa avance, no será la primera vez que se intente. El 19 de junio un proyecto con objetivos similares se hundió en la Comisión Tercera del Senado. Carolina Giraldo, una de sus ponentes, defendió la propuesta con un argumento de salud pública y otro económico: “Nuestras estimaciones indican que un millón de personas dejaría de fumar si se aprobara esta ley. Esto salvaría muchas vidas”. Además, señaló que la medida aportaría un billón adicional a las finanzas del Estado.
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