Katherine Miranda anunció su rechazo a la reforma tributaria 3.0, trató a Gustavo Petro de mentiroso y habló de los “mega ricos de Temu”

La radicación del nuevo proyecto de ley de financiamiento, o más conocida como la reforma tributaria 3.0, tras el fallido intento en 2024, y que es impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, causó revuelo el lunes 1 de septiembre en la Cámara de Representantes: corporación en la que se radicó a puertas cerradas la proposición. La iniciativa causó un fuerte rechazo en la representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde.

Según se conoció, el articulado busca recaudar $26,3 billones de pesos para fortalecer el presupuesto de 2026, estimado en $557 billones: cifra récord para la historia fiscal del país. Sin embargo, el impacto iría más allá de las cuentas públicas, como lo indicó Miranda, que -con comentarios irónicos- acusó al mandatario de incumplir sus promesas, llamándolo tajantemente “mentiroso”, conforme publicó en sus redes apenas conocido el texto del proyecto.

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En efecto, la representante Miranda anticipó su posición e hizo duras observaciones sobre este proyecto, que espera ver la luz en el órgano legislativo. “¡VOTARÉ NO A LA REFORMA TRIBUTARIA!”, afirmó la congresista de oposición, que continúa alejándose del Ejecutivo, el mismo que apoyó en las urnas por la expectativa de que, como prometió Petro en julio de 2021, solamente los más acaudalados del país verían incrementos tributarios significativos en sus impuestos.

“Yo no sabía que una persona que ganara 6.500.000 era parte de los 4.000 más ricos del país. Yo no sabía que cualquiera que viviera en un conjunto cerrado era mega rico. Yo no sabía que quien tomara cerveza hacía parte de la oligarquía. ¡Mega ricos de Temu! ¡Petro mentiroso!”, sentenció Miranda, que citó un mensaje del presidente emitido cuando era candidato: “Si somos gobierno, nuestra reforma tributaria le subirá impuestos a solo 4.000 personas”.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la reforma está compuesta por siete capítulos que abarcan desde el IVA hasta los nuevos impuestos ambientales, y pasan por los aumentos en los gravámenes a patrimonios, rentas y el consumo. La propuesta extiende el IVA a bienes y servicios que antes estaban exentos, tales como juegos de azar, cuotas de administración en propiedades horizontales no residenciales y servicios de parqueadero.

Entre los cambios más notorios, destaca la inclusión de IVA del 19% para gasolina y el diésel, el cual arrancará con una tarifa del 10% entre 2026 y 2027, y se irá incrementando luego a la cifra propuesta. A su vez, productos como la cerveza y los licores serán gravados con tarifas plenas, mientras que alimentos básicos como arroz industrial y trigo mantendrán un IVA reducido del 5%; es decir, lo que encarecerá la canasta básica de los colombianos.

Así pues, Miranda expuso que estas medidas afectarán directamente a la clase trabajadora y media, pues cobijará a los asalariados y los que compran en plataformas digitales. El articulado también prevé cargas para la compra de vehículos, incluso híbridos (IVA de 8% a 19% según el valor) y un encarecimiento de eventos culturales y deportivos por el nuevo impuesto al consumo; con lo que también se golpeará la industria del entretenimiento.

Por su parte, Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional, señaló la desconexión con la realidad económica de los hogares. “No solo es un descaro por parte del Gobierno que ha saqueado al Estado colombiano y mal administrado nuestros recursos, esto no afectará a los más ricos, sino al colombiano trabajador y cabeza de hogar. Miserables, eso sí, ni un solo recorte al derroche de los políticos socialistas del ‘cambio’. Descarados”, dijo el abogado y político.

Lo que llama la atención es que el articulado toca el universo digital: cualquier importación inferior a los 200 dólares —como las hechas en la plataforma Temu, invocada irónicamente por Miranda— quedará gravada con IVA, con lo que terminará de esta forma con una de las ventajas de las compras internacionales para hogares de ingresos medios; que han encontrado en este tipo de sitios precios asequibles en ropa, accesorios y otros elementos.

Según las cifras anunciadas por el Ministerio de Hacienda y confirmadas en el Congreso, la ley de financiamiento busca fortalecer los ingresos del Estado gravando con rigor al sector financiero y extractivo, mientras ofrece incentivos a las inversiones en energías renovables. A nivel ambiental, se crea un impuesto del 1% para la extracción de hidrocarburos y una tarifa especial por tonelada de CO₂ emitida, salvo excepciones para ciertas regiones como la Amazonía y el Chocó.

El impacto social comenzó a desgranarse conforme circularon los detalles técnicos: según reveló Gómez, se implementará el impuesto de renta de hasta el 41% para personas que ganen más de $6,7 millones mensuales. Del mismo modo, los dividendos recibidos por extranjeros subirán al 30%, e instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa enfrentarán un impuesto sobre la renta del 50%; en tanto que el impuesto al patrimonio será progresivo, oscilando entre el 0,5% y el 5% a partir de patrimonios líquidos de $1.800 millones.