Gustavo Petro se refirió a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”

La elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional dejó de ser un asunto reservado a las instituciones judiciales para convertirse en una nueva fuente de tensiones políticas en el Congreso y hasta en el Ejecutivo. A pocos días de que el Senado defina quién ocupará el lugar del togado José Fernando Reyes, el presidente Gustavo Petro intervino públicamente en el debate, aludiendo de forma directa a los bloques políticos que respaldan al candidato Carlos Camargo.

Entre el aspirante mencionado, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar —los tres seleccionados por la Corte Suprema de Justicia— se escogerá al siguiente magistrado de la Corte Constitucional, que podría tener en sus manos la votación final sobre la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.

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El jefe de Estado no ocultó su preocupación por el rumbo que podría tomar la alta corte si se concreta, lo que calificó como una ‘alianza con sectores que apoyan una doctrina’. A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro escribió: “La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo.”

El mensaje, claro y sin ambigüedades, provocó reacciones inmediatas en distintos sectores del Congreso. Algunos lo interpretaron como una advertencia directa a los senadores que, desde ya, habrían comprometido su voto a favor del ex defensor del Pueblo Carlos Camargo, un nombre que cuenta con el respaldo de sectores conservadores y de la oposición.

En la misma publicación, Petro también planteó que esta elección no se limita a un asunto técnico o académico. Para él, se trata de un punto de quiebre en la correlación de fuerzas que determinará el rumbo del Congreso y su relación con el Gobierno; si bien no mencionó nombres, el señalamiento hacia los aliados de Camargo fue evidente.

Aunque no fue nombrada de manera explícita, varios interpretaron que su respaldo se inclina hacia la jurista María Patricia Balanta, tal y como lo hizo con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ella es vista como una figura con mayor cercanía al Gobierno y con trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales.

Desde la bancada del Partido de la U; sin embargo, esa percepción provocó disputas internas, mientras algunos líderes como Alexander Vega la señalaron como “ficha del Gobierno”, otros, como Dilian Francisca Toro, rechazaron cualquier tipo de imposición.

El proceso para elegir al siguiente magistrado provocó divisiones dentro de las colectividades, pero lo que encendió el debate fue la implicación directa de la Casa de Nariño. Según información conocida por el diario El Espectador, varios senadores habrían recibido llamadas de altos funcionarios del Ejecutivo solicitando respaldo para Balanta. Este tipo de gestiones fue interpretado por la oposición como un intento del Gobierno por influir en una decisión que debería mantenerse independiente.

Germán Córdoba, director de Cambio Radical, también se refirió al episodio y pidió respeto por la autonomía del Senado; aunque no mencionó al presidente Petro, advirtió que “ninguna rama del poder público debe imponer a otra las decisiones que son propias de su competencia”.

Pese a las disputas, el Senado está llamado a votar el miércoles 3 de septiembre por uno de los tres juristas propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Quien resulte elegido jugará un papel clave en el rumbo de las decisiones que se adopten tanto desde el Congreso como desde la Presidencia, puesto que podría actuar como una figura que facilite los proyectos del Gobierno, como lo sugirió el propio presidente Petro, o, por el contrario, convertirse en un freno que complique el avance de las iniciativas respaldadas por el Ejecutivo y su bancada.