Directora del Icbf respondió a denuncia en su contra por familiares de víctimas de abuso sexuales en un jardín infantil en Bogotá

La polémica en torno al caso de abuso sexual infantil en el jardín Parque el Canadá, ocurrido en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá, ha desatado un debate nacional no solo por la grave vulneración de los derechos de los niños, sino también por las recientes acusaciones contra la máxima autoridad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

De acuerdo con la información revelada por la revista Semana, Margie Espinel, madre de una de las víctimas y portavoz de las familias afectadas, denunció que la directora del Icbf, Astrid Cáceres, la abordó con ofrecimientos personales que Espinel consideró un intento explícito de “silenciarla” en medio del escándalo.

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El origen del conflicto radica en una serie de propuestas realizadas por Cáceres a la madre denunciante luego de la detención de Freddy Castellanos, señalado como presunto responsable de los abusos. Espinel, en su papel de vocera, relató que la directora le ofreció distintas formas de ayuda personal y económica fuera de los canales institucionales.

En la mañana del sábado 30 de agosto, la directora del Icbf respondió a la denuncia en su contra: “No, revista Semana sin calumnias, no se hizo ningún ofrecimiento ilegal, se ofreció atención psicosocial y toda la gestión social que mencionaron que necesitaban”, inició diciendo en su cuenta de X.

Entre líneas seguidas, Astrid Cáceres continuó explicando que a estas personas “se les aclaró en acta que nada era para ‘dañar’ la demanda que los abogados querían, que eran sus derechos”.

Fue así como la alta funcionaria detalló se dejó claro todo el tiempo “que era su derecho demandar y que si sentían desconfianza del Estado por supuesto podrían tener esa gestión social desde el sector privado, que yo la gestionaba, que lo importante era acompañarlos en su crisis y lo sostengo”.

De esta manera, Cáceres afirmó que no fue ilegal su ofrecimiento: “Por qué va a ser ilegal ofrecerle trabajo digno a alguien que nos pedía apoyo por un trabajo esclavizante en que no le habían pagado durante dos semanas? Les dije que les firmaba yo misma, que eso no influiría en la demanda, ella es una mujer valiosa y maravillosa" (sic).

Además, la directora del Icbf agregó en su afirmación “que merece no solo un trabajo digno y pago como se debe, también toda la acción del Estado y la empresa privada. Eso no calla ninguna demanda, así lo escribimos porque la demanda es sobre los hechos que ocurrieron antes y no podemos cambiar el pasado“.

Finalmente, Astrid aseguró que, “todos debemos apoyar para que tenga otro futuro. Allá los chulos y sus demandas que peleen sus porcentajes, pero así se les dijo y en acta y delante de muchos y mantenemos la puerta abierta, más allá del caso, es por gestión social que debe tener ella y su historia”.

Según declaró Espinel a la revista Semana, estos ofrecimientos iban desde la posibilidad de un viaje —con el argumento de “darse un respiro” tras la presión mediática y social— hasta promesas directas de consignaciones económicas: “La presión social que estás manejando por tu hija y con los medios, por ser la vocera, es algo que tú no buscaste y no sabes cómo hacerlo. Necesitas un respiro. ¿Por qué no te vas de viaje?”, recordó sobre la conversación que tuvo lugar el 8 de mayo en la sede del Icbf.

Adicionalmente, la madre relató que en ese mismo encuentro, la funcionaria le planteó abrir una cuenta bancaria para recibir transferencias, e incluso le ofreció la entrada a un puesto laboral dentro del propio Icbf. “Aunque no era millonaria, quería ayudarla”, fue otra de las frases que, según Espinel, le habría dicho la directora, quien también preguntó si ella conocía el mar e insistió en la importancia de tomar distancia temporal para sobrellevar la difícil situación.

La presencia de la pareja sentimental de Espinel durante la reunión fue clave, pues según la denuncia señalada por el medio, él confirmó la manera en que Cáceres detalló las ayudas, llegando a mencionar la posibilidad de cubrir el arriendo familiar.

Ante este escenario, Espinel cuestionó la legitimidad de las propuestas: “Me pareció indigno que pensara que podía comprar mi silencio”, afirmó, subrayando el trasfondo de las conversaciones y poniendo en tela de juicio la ética de la directora.

Más allá de la esfera personal, la denunciante expuso ante Semana la contradicción jurídica y ética que supone que el Icbf —institución que debe proteger a los menores y que, como parte interesada, será demandada por las familias— ofrezca ayuda material directa a los padres de las víctimas en contextos tanto privados como públicos.

La filtración de testimonios y pruebas que complementan este relato ha intensificado la preocupación de la opinión pública sobre el manejo del caso por parte de la autoridad responsable.