
El presidente Gustavo Petro encendió nuevamente el debate sobre la administración de bienes en poder del Estado. A través de su cuenta en X, el mandatario compartió un video en el que denunció la captura de Enrique León Machado, abogado de confianza del exsenador y expresidente del Senado Juan Diego Gómez.
Según Petro, la detención se produjo en Medellín, en una vivienda que pertenecía al inventario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados al narcotráfico y extinguidos por la justicia. Durante el procedimiento de desalojo, funcionarios de la SAE y la Policía hallaron cerca de 1.000 folios de matrícula inmobiliaria, documentos con notas de asignación de bienes y listados de funcionarios con roles específicos en dichos procesos.
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El presidente afirmó que este material reveló la existencia de una especie de “SAE paralela”, que funcionaba como canal de intermediación entre políticos, narcos y particulares para la devolución irregular de bienes. “Esto mismo sucedió con el hacker Carlos Escobar. Son testaferros de políticos con grandes cuotas de bienes de la SAE”, señaló Petro en su publicación.
El mandatario también responsabilizó a la administración anterior de haber profundizado estas prácticas. “Duque entregó la SAE y se estableció allí, ya no los cupos de contratación con parlamentarios, sino los cupos de devolución de bienes a la mafia”, aseguró.
La denuncia revivió las tensiones alrededor del manejo de la SAE, entidad cuestionada en repetidas ocasiones por presuntas irregularidades en la asignación y venta de propiedades.

Otro ‘agarrón’ por la SAE
La venta de un predio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Sabaneta, Antioquia se convirtió en el nuevo motivo de confrontación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El cruce inició cuando Petro, a través de su cuenta en X, compartió un boletín de la SAE sobre la transacción del lote de 29.000 metros cuadrados, vendido por $51.000 millones al Grupo CLK, conformado por cinco empresas privadas. En ese espacio se levantará la Arena Primavera, un centro de conciertos y eventos culturales que busca aprovechar el auge del entretenimiento en Medellín. El mandatario calificó la operación como “un regalo del gobierno nacional al pueblo de Medellín”.
La afirmación desató críticas inmediatas. Gutiérrez respondió en la misma red social: “En Medellín vamos bien pese a Petro y su ‘gobierno’. Ahora habla de regalos a Medellín. Absolutamente falso”. El alcalde acusó al Ejecutivo de haber recortado recursos claves para la ciudad, incluso los destinados a programas infantiles, y recordó que la Nación se retiró de la financiación de la vía al mar hacia Urabá. “Entre Gobernación y Alcaldía pondremos los recursos para terminar la obra”, aseguró.

Desde la oposición también llegaron reproches. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal criticó el uso de la palabra “regalo”. “¿De qué regalo está hablando, Petro? No engañe al país: la SAE vendió el lote a un grupo privado por más de $51.000 millones”, afirmó, señalando que la construcción de la Arena Primavera responde a inversión privada y no a un aporte directo del Gobierno.
El episodio refleja cómo la SAE, tradicionalmente cuestionada por el manejo de bienes incautados al narcotráfico, se convierte ahora en un escenario de disputa política entre el Ejecutivo y líderes regionales. Mientras Petro intenta mostrar la operación como parte de su estrategia de recuperación de activos en beneficio del país, sus opositores lo acusan de manipular el discurso para apropiarse de logros que, en realidad, corresponden a la inversión empresarial.
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