Contraloría alertó a los colombianos por problema de plata que habrá en 2025 y 2026 por malos manejos del Gobierno Petro

El déficit fiscal de Colombia podría alcanzar niveles históricos en 2025 y 2026, según una advertencia reciente de la Contraloría General de la República. El organismo, dirigido por Carlos Hernán Rodríguez, proyecta que el desbalance fiscal llegaría al 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año, lo que equivale a $129,6 billones, y se mantendría en 6,2% del PIB en 2026, es decir, $119,6 billones.

Las cifras, divulgadas en la presentación que hizo el funcionario en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso de la República, generaron preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos presupuestales.

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En el informe se atribuye este panorama a varios factores críticos. Entre ellos, destaca la caída en el recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que, entre enero y julio de 2025, sumó $166,3 billones, un aumento respecto a 2024, pero aún 5,3% por debajo de la meta establecida para el año.

Rodríguez advirtió que “este rezago en los ingresos, sumado a que el presupuesto de 2025 dependía de una ley de financiamiento de $12 billones que no se aprobó, puede llevar a la necesidad de un recorte de gastos del orden de los $40 billones”. Además, el presupuesto de 2026, que asciende a $556,9 billones, presenta un desbalance de $26,3 billones, cuya cobertura depende de una ley de financiamiento aún no tramitada.

De igual forma, el contralor señaló deficiencias en la ejecución presupuestal. En 2024, la inversión pública solo alcanzó una ejecución del 57%, mientras que el déficit presupuestal se ubicó en $55,4 billones, el más alto de las últimas décadas. Enfatizó que “factores como una programación deficiente y la constitución de reservas sobredimensionadas han impactado la eficiencia del gasto. Esta situación condujo a un déficit sin precedentes”.

Y es que las reservas presupuestales de 2024 sumaron $61,7 billones, un 76,5% más que en 2023, a lo que se agregan compromisos de caja pendientes por $73,2 billones que deberán cubrirse con ingresos de 2025.

El incremento de la deuda pública representa otro foco de preocupación. Cerró 2024 en $1.175,1 billones, equivalente al 68,9% del PIB. La situación obligó a destinar más recursos al servicio de la deuda que a la inversión, lo que limita la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo.

Ante esto, el contralor advirtió que “el país debe prestar atención a la vigilancia de los niveles de endeudamiento territorial. Algunas entidades están alcanzando niveles preocupantes, lo que puede representar un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Es de anotar que desde la Contraloría General se manifestó preocupación ante la propuesta del Gobierno nacional de modificar el esquema de vigencias futuras para las concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G). El contralor Carlos Hernán Rodríguez alertó que una reprogramación unilateral de estos recursos, o su uso para fines distintos a los pactados, podría acarrear graves consecuencias legales, fiscales y contractuales para el Estado.

En una comunicación formal enviada el 4 de junio a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, la Contraloría advirtió que modificar los aportes pactados podría impedir una adecuada gestión fiscal y generar incumplimientos en obligaciones contractuales vigentes.

Rodríguez Becerra explicó que los contratos actuales no condicionan los aportes de vigencias futuras al avance de las obras, por lo que suspender o alterar de manera unilateral los desembolsos pactados carecería de soporte legal y podría paralizar los proyectos viales.

“Dependiendo de la magnitud y duración del incumplimiento, podría llegar hasta generar un proyecto terminado anticipadamente e inconcluso”, señaló el jefe del ente de control. Además, la Contraloría resaltó que cualquier modificación contractual debe hacerse por medio de un acuerdo formal entre las partes y no puede imponerse a través de un decreto, ya que de lo contrario la ANI incurriría en incumplimiento contractual, exponiendo al Estado a demandas y fallos adversos.

El organismo de control también hizo énfasis en la importancia de respetar la destinación específica de los recursos públicos consignados en los patrimonios autónomos de cada contrato de concesión. Redirigir estos fondos a otros fines constituiría un grave incumplimiento contractual y una violación a la normatividad vigente.

Ante ello, insistó el funcionario en que cualquier ajuste en el perfil de vigencias futuras debe hacerse bajo figuras jurídicas debidamente protocolizadas y aprobadas por las autoridades competentes, en un proceso similar al que dio origen a la licitación y firma de los contratos viales.

Frente a este panorama, la Contraloría General hizo un llamado a fortalecer la planeación presupuestal y la eficiencia del gasto público, con miras a garantizar la sostenibilidad fiscal en los próximos años. Carlos Hernán Rodríguez insistió en la necesidad de que el Estado adopte medidas que permitan ejecutar el presupuesto con responsabilidad y transparencia, evitando la acumulación de reservas sobredimensionadas y el crecimiento desmedido de los gastos de funcionamiento.