
La reactivación del proceso penal contra Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, se produce tras la negativa del Tribunal Superior de Bogotá a anular el caso, lo que permite que la audiencia de acusación formal avance el 13 de noviembre a las 8:30 a. m. en el juzgado 5 Especializado de la capital de la República.
Esta decisión judicial representa un revés para la defensa del señalado zar del contrabando, que enfrenta cargos por presuntamente liderar una red de corrupción que involucró a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian).
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Esta decisión se da después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara el recurso de apelación presentado por la defensa de Marín Buitrago, que buscaba la nulidad del proceso bajo el argumento de supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía.
Según la corporación, no se identificó ninguna irregularidad sustancial que afectara el debido proceso.
En palabras del Tribunal, “no existe una irregularidad sustancial capaz de viciar la actuación y afectar el debido proceso”, desestimando así la petición de nulidad presentada por el acusado, quien también ha sido señalado de intentar infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego mediante un aporte económico que posteriormente fue devuelto.

La audiencia de acusación, inicialmente prevista para el 26 de junio, fue suspendida cuando el abogado defensor, Édgar Villamil, interpuso un recurso de nulidad alegando que la Fiscalía impidió la comparecencia de su cliente en varias diligencias.
El juez del caso rechazó la nulidad al no encontrar fundamentos en los argumentos presentados, decisión que fue apelada y resuelta el 26 de agosto por el Tribunal de Bogotá. El Tribunal, con ponencia de la magistrada Alejandra Ardila, sostuvo que la audiencia de formulación de imputación fue válida, ya que se garantizó el respeto a los derechos constitucionales y legales, y se comprobó que el indiciado se negó a asistir a las audiencias pese a haber sido notificado reiteradamente, sin justificar su ausencia.
Durante la diligencia del 26 de junio, la defensa de “Papá Pitufo” argumentó que la Fiscalía vulneró el derecho al debido proceso al no permitir la comparecencia virtual de su cliente en la audiencia de imputación y en la de imposición de medida de aseguramiento celebrada a principios de año.
El 24 de enero, Marín Buitrago fue declarado en contumacia, es decir, como reo ausente, mientras permanecía detenido en Portugal tras la activación de una circular de Interpol que buscaba su extradición a Colombia.

Días antes, el 20 de enero, el acusado había manifestado a través de sus abogados su intención de no comparecer, motivo por el cual fue declarado ausente. Posteriormente, según la defensa, Marín Buitrago se retractó y comunicó su nueva decisión al juzgado mediante el correo electrónico de su esposa, sin utilizar canales oficiales.
El abogado Villamil también cuestionó que en la audiencia de imputación del 31 de enero se ignoró la petición de su cliente y afirmó que la Fiscalía recibió comunicaciones de autoridades portuguesas ofreciendo facilidades para conectar al acusado, información que, según él, nunca se compartió con la defensa.
En sus palabras, “toda esta documentación, toda esta actuación de la Fiscalía, a través de los canales diplomáticos, fueron ocultadas, fueron reservadas. Entre el juez de control de garantías y la fiscal. Y se ocultó, se reservó, para uso interno de la juez. La defensa nunca fue informada sobre la realización de esos trámites. El señor Marín tampoco”.
En esa misma audiencia, la defensa sostuvo que el presidente Gustavo Petro habría interferido en el proceso penal, señalando que “este caso si de algo ha sufrido es de la intervención mediática, de los demás poderes públicos, en cabeza del señor presidente actual. No hay consejo de ministros en el que el señor presidente no mencione este caso”.
Por su parte, la fiscal del caso refutó los argumentos de la defensa y calificó la actitud de Marín Buitrago como una “burla” a la administración de justicia, asegurando que el acusado ha intentado evitar su judicialización en todo momento.
Según la fiscal, “es claro que el señor Marín conocía de la solicitud de imputación y que su comportamiento y manifestaciones fue la de no asistir a esas diligencias, con una actitud apática y, además, dicho por él, por la petición elevada por él a la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol, señalando que es objeto de una persecución mediática y judicial. Ello demuestra su clara intención orientada a no atender el llamado al inicio de un proceso penal dejando su voluntad con ánimo de no sujetarse a la persecución del Estado”.

La fiscal añadió que “esa apatía y esa rebeldía impuso a la Fiscalía a solicitar a la judicatura que se declarase en contumacia a Diego Marín Buitrago (…) se demostró el absoluto desprecio hacia la justicia en Colombia, en tanto que desde marzo del año 2024 se encontraba evadiendo el proceso”.
La representante del ente acusador también detalló los condicionamientos impuestos por el acusado y su historial de evasiones. En 2023, Marín Buitrago huyó de España a Portugal, donde fue capturado en diciembre tras una solicitud de extradición de las autoridades colombianas.
En abril de 2024, el entonces defensor Leonardo Pardo manifestó la supuesta intención de presentar a su cliente para la imputación, pero condicionó la entrega a la cancelación de la orden de captura vigente. La fiscalía tramitó la extradición con España, que resultó favorable para Colombia, pero Marín Buitrago huyó al conocer la decisión de entrega.
Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía quedó habilitada para reanudar la audiencia de acusación contra Marín Buitrago, quien actualmente se encuentra en libertad en Portugal.
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