Qué guayabo: Gobierno Petro propuso fuerte aumento en los licores

El gobierno de Gustavo Petro se dispone a presentar una reforma tributaria que contempla un aumento significativo en el IVA a los licores, que pasaría del 5% al 19%.

Esta propuesta, junto con incrementos en otros impuestos como el de ganancias ocasionales y el impuesto al patrimonio, forma parte de un paquete de cambios fiscales que modificaría de manera sustancial la estructura impositiva en Colombia.

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Entre los principales ajustes previstos, destaca la intención de elevar el impuesto a las ganancias ocasionales del 15% al 20%. Esta modificación afectaría a quienes reciban herencias, vendan bienes o propiedades, o resulten ganadores de premios como loterías.

El impuesto de timbre, que actualmente se aplica con una tarifa del 1% sobre trámites notariales, se mantendría de forma permanente. Por su parte, el impuesto al patrimonio podría ver un aumento en su base gravable, que hoy se sitúa en el 1%, ampliando así el universo de contribuyentes sujetos a este tributo.

El Ministerio de Hacienda también ha planteado la posibilidad de incrementar el impuesto al consumo, que actualmente tiene un gravamen promedio del 8%. Además, se proponen aumentos en el impuesto al carbono, mayores gravámenes sobre hidrocarburos y carbón, y la creación de nuevos impuestos para sectores como las plataformas de comercio electrónico y las iglesias.

En el caso de los juegos de suerte y azar, el gravamen se ubicaría en el 19%, cifra que, según algunos congresistas, ya ha sido acordada con Coljuegos.

El proceso legislativo para la aprobación de la reforma se encuentra en una fase decisiva. El Gobierno y varios congresistas han sostenido reuniones durante la semana con el objetivo de alcanzar consensos y ajustar el articulado antes de la fecha límite para la radicación del proyecto, que vence este viernes 29 de agosto. Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso aún no han logrado un acuerdo definitivo, tanto en lo referente a la reforma tributaria como al Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

Las advertencias sobre el impacto de estas medidas no se han hecho esperar. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha subrayado los riesgos asociados al aumento del impuesto al patrimonio y al carbono. Según Junco, gravar la riqueza y no solo los ingresos podría incentivar a los contribuyentes a trasladar su patrimonio a otros países y renunciar a la residencia fiscal en Colombia. Explicó que el impuesto al patrimonio grava las riquezas de las personas, lo que podría facilitar el traslado de patrimonio líquido a jurisdicciones con menor carga impositiva.

En cuanto al impuesto al carbono, Junco advirtió que su incremento podría traducirse en un alza generalizada de los precios de la canasta familiar, debido al aumento en los costos de transporte de alimentos. Señaló que, cuando se incrementan los impuestos y se confunden conceptos como el impuesto y el consumo de IVA, las personas tienden a comprar en sitios informales en lugar de restaurantes formales, lo que genera focos de evasión y búsqueda de ahorro.

“Cuando se incrementan los impuestos y se tratan de confundir al contribuyente o al cliente entre impuesto y consumo de IVA, pues termina la gente pasando a comprar en sitios informales y no en los restaurantes formales,generando no solo un foco de evasión, sino un foco de buscar ahorrar en el bolsillo de cada quien”, explicó Junco a La República.

El sector de juegos de suerte y azar también ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el nuevo IVA dificulte la continuidad de sus operaciones. Desde la aplicación del impuesto durante la Conmoción Interior, los aportes de los operadores online al sistema de salud han experimentado una caída significativa. Según datos de Fecoljuegos, mientras que en el último mes sin IVA los operadores online aportaron más de $40.000 millones al sistema de salud por concepto de derechos de explotación, entre marzo y junio el promedio mensual se redujo a cerca de $28.000 millones, lo que representa una disminución del 30%.

Frente a este panorama, algunos legisladores han sugerido que el gobierno debería considerar una reducción en el monto del Presupuesto General para 2026 como vía para alcanzar consensos en el Congreso. Analistas y expertos, por su parte, han recordado el precedente de finales del año pasado, cuando el Congreso rechazó la ley de financiamiento impulsada por el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. En su opinión, la mejor alternativa sería disminuir el gasto estatal y realizar un recorte significativo en el presupuesto, proponiendo que al menos $26,3 billones sean eliminados.

En este contexto, persiste la inquietud sobre la capacidad del país para soportar una nueva carga tributaria, especialmente en un escenario donde la competitividad y la productividad muestran señales de debilitamiento.