Qué dicen en el Congreso sobre histórico cambio en el cobro de impuestos que viene con la reforma tributaria del Gobierno

El Gobierno de Gustavo Petro se alista para presentar el viernes 29 de agosto una reforma tributaria de alcance histórico ante el Congreso de la República. El objetivo central es recaudar $26,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, estimado en $556,9 billones, el más alto en la historia del país. La iniciativa llega en medio de una fuerte polarización política y un ambiente legislativo marcado por la desconfianza y la confrontación.

El proyecto, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, contempla una serie de medidas fiscales que ya generaron debate tanto dentro como fuera del Capitolio.

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Entre los principales ajustes se encuentran la aplicación del IVA a los juegos de azar en línea —actualmente exentos—, el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol, el incremento de la tarifa al carbono y una mayor carga tributaria sobre las ganancias ocasionales, como herencias y premios de lotería. Además, se prevé fortalecer los gravámenes a la renta y el patrimonio, e incluso se estudia la posibilidad de imponer tributos a las iglesias.

El Ejecutivo sostiene que la reforma busca avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, en el que quienes poseen mayores ingresos y patrimonios contribuyan en mayor proporción.

“La ley de financiamiento va a garantizar no solamente la estabilidad financiera del presupuesto del 2026, sino que por lo menos la de los próximos cinco años. Va a asegurar ingresos consistentes y recurrentes que van a garantizar el equilibrio fiscal del próximo cuatrienio”, afirmó el ministro Ávila ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso. El funcionario también defendió que el gasto proyectado para el próximo año será más austero, con un crecimiento del gasto primario por debajo de los ingresos tributarios, y calificó la política fiscal del Gobierno como prudente y responsable.

No obstante, la propuesta ha encontrado una resistencia considerable en el Congreso. La senadora Marlene Castillo cuestionó la viabilidad de presupuestar con recursos aún no asegurados, por lo que calificó la estrategia como “pésima planeación fiscal, cuentas alegres y mucha improvisación”.

Por su parte, Angélica Lozano, ponente del Presupuesto 2026, advirtió que el monto presentado por el Gobierno está “inflado y desfinanciado”, y apuntó que el Ejecutivo podría estar apostando a que la cifra sea rechazada para luego expedir el presupuesto por decreto, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“El monto que presenta el Gobierno es inflado, cuando la ejecución es muy inferior y los ingresos también. Creo que el presidente le apuesta a proponer una cifra tan elevada para que se la nieguen y termine sacándola por decreto”, señaló Lozano.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, fue aún más tajante: “Lo primero es cero reforma tributaria, y lo segundo es recortar el gasto del Gobierno. No vamos a dejar que hagan politiquería con el dinero de los colombianos”, sentenció.

Desde la oposición, Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado y miembro del Centro Democrático, calificó la iniciativa como “fiscalmente insostenible” y advirtió que trasladaría la responsabilidad del “desorden fiscal” al próximo Gobierno. Cabrales citó el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que si bien dio un visto bueno al presupuesto, recordó que la activación de la cláusula de escape no resuelve el problema estructural y podría derivar en una mayor carga impositiva para los ciudadanos.

En contraste, desde el Pacto Histórico, la senadora Aída Avella defendió la necesidad de la reforma y del presupuesto propuesto. “El Presupuesto Nacional 2026 requiere decisiones fiscales responsables. Ya pagamos la elevada deuda de Duque, ahora vamos a recuperar el orden y la prioridad en las finanzas públicas”, afirmó Avella, según Portafolio. Se prevé que otros congresistas afines al Gobierno, como Wilson Arias, respalden la iniciativa.

Algunos congresistas presentaron propuestas alternativas y modificaciones al proyecto. El senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, radicó una proposición para adicionar $300.000 millones al presupuesto del Ministerio del Deporte. De igual forma, existe una propuesta de la oposición para reducir el presupuesto en $40 billones, en el que se excluyan los recursos que se pretenden recaudar con la reforma tributaria y otros ajustes de ingresos. El objetivo es evitar que el presupuesto dependa de recursos inciertos y proteger la sostenibilidad de las finanzas nacionales.

El cronograma legislativo establece fechas clave para la discusión y aprobación tanto del presupuesto como de la reforma tributaria:

• Hasta el 15 de septiembre, las comisiones conjuntas del Congreso podrán fijar el monto definitivo del presupuesto.
• El 25 de septiembre será la fecha límite para su aprobación en primer debate.
• A partir del 1 de octubre, la discusión pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado.

El Congreso deberá expedir el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre; de no lograrse un acuerdo:

• La Constitución faculta al Ejecutivo para aprobarlo por decreto, con plazo máximo hasta el 30 de noviembre.
• La reforma tributaria tendrá como fecha límite de aprobación el 16 de diciembre, cuando culmina el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso en 2025.

El trasfondo de la reforma responde a una combinación de factores económicos y sociales que han presionado las finanzas públicas en los últimos años. Colombia enfrenta un alto nivel de endeudamiento, un recaudo insuficiente y un gasto creciente en programas sociales, infraestructura y compromisos de deuda. La evasión y la elusión fiscal representan una pérdida anual estimada de más de $70 billones, lo que limita la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades.

Por eso, el Gobierno argumenta que la reforma es inevitable para asegurar recursos, garantizar la estabilidad fiscal y avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, en el que quienes más tienen aporten más y se desincentiven prácticas nocivas para la salud y el medioambiente.