La Procuraduría General de la Nación decidió ampliar la investigación disciplinaria contra la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y otros altos funcionarios del Gobierno nacional.
La decisión se tomó tras detectar presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la expedición de pasaportes.
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La medida, que implica un costo de 161.000 millones de pesos, se tomó ante la imposibilidad de que la Imprenta Nacional asumiera el servicio desde septiembre, pues aún no contaba con la capacidad operativa ni con el convenio con la Casa de la Moneda de Portugal en firme.
Un contrato de 1.3 billones de pesos y diez años de vigencia
El acuerdo suscrito el pasado 18 de julio prevé que la expedición de pasaportes quede en manos estatales a partir del 1 de abril de 2026.
Según lo registrado en el Secop, el convenio tiene un valor estimado de 1.3 billones de pesos y una vigencia de 120 meses (10 años).
La intención del Gobierno es que, tras una década de acompañamiento y transferencia tecnológica de la Casa de la Moneda portuguesa, Colombia pueda producir sus propios documentos de identificación de manera autónoma.
No obstante, para la Procuraduría existen serios reparos. El órgano de control advirtió que la Imprenta Nacional carece de la capacidad para suplir la demanda de pasaportes y que, en la práctica, se limitaría a recibir capacitación, realizar pagos y subcontratar servicios adicionales.
A esto se suman presuntas fallas en la planeación, ausencia de estudios previos que justificaran la celebración del convenio y un posible desconocimiento de la normativa aplicable a contratos con organismos internacionales, dado que la participación de la entidad portuguesa sería inferior al 50 % del valor total.
Funcionarios en la mira
La investigación se abrió el pasado 29 de julio y no solo cobija a Villavicencio, sino también a los exministros Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, a Alba Viviana León Herrera (gerente de la Imprenta Nacional) y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar (secretaria general encargada de la Cancillería).
Con la ampliación del proceso, fueron vinculados seis funcionarios adicionales: Julián David Peña Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica; Olga Lucía Ruiz Mora, subgerente administrativa y financiera; y los delegados de la junta directiva de la Imprenta Nacional en representación de distintos ministerios: Jaime Berdugo (Interior), Luis Alberto Sanabria (Cultura), Dora Ojeda Roncancio (Educación) y Ricardo Arque Benavides (Departamento Administrativo de la Presidencia).
La Procuraduría también cuestiona la falta de un acto administrativo que acreditara la delegación de funciones en la secretaria general (e) para firmar el convenio, así como la eventual aprobación de proposiciones en la junta directiva de la Imprenta sin contar con las actas respectivas.
Vigencias futuras y cambio en la política de pasaportes
Otro de los puntos críticos bajo análisis es el posible compromiso de vigencias futuras excepcionales para cubrir los pagos del convenio, lo que significaría que el esquema de expedición de pasaportes se extendería más allá del actual Gobierno.
El Ministerio Público considera que esta decisión representa un cambio de política en la expedición de documentos de identificación para colombianos en el exterior, lo cual debió contar con mayor soporte jurídico y financiero.
En palabras del ente de control, la investigación también abordará “la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza”.
El escrutinio disciplinario cobra mayor relevancia en un momento de transición en la política de expedición de pasaportes, marcado por la tensión entre la intención del presidente Gustavo Petro de estatizar el servicio y la necesidad de garantizar la continuidad en la entrega de documentos a los ciudadanos.
La investigación de la Procuraduría podría determinar responsabilidades disciplinarias en las más altas esferas de la Cancillería y de la Imprenta Nacional, mientras que el país sigue a la espera de un esquema claro y viable para la producción de pasaportes en el mediano plazo.
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