La confirmación de la asistencia del presidente de la República, Gustavo Petro al evento ‘Justicia para Todos’ en Villavicencio, Meta, el jueves 28 de agosto de 2025, en la tarde, marca un punto de inflexión en la relación entre las principales instituciones del Estado. El magistrado Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció la presencia del mandatario en un encuentro que congrega a los representantes más relevantes de la jurisdicción ordinaria, líderes de órganos de control y figuras clave del Ejecutivo.
La participación del jefe de Estado en este tipo de reuniones suele ser incierta, pero en esta ocasión, el propio Tejeiro ratificó que el presidente estará presente. El magistrado subrayó la importancia de este gesto al declarar: “El presidente (Petro) asiste y nosotros queremos que asista en virtud de la necesaria armonía y la colaboración armónica que debe haber entre las varias instituciones del Estado, entre las ramas del poder, que deben lograr, entre todas, obtener cada día un país mejor para todas y para todos”.
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La llegada de Petro a Villavicencio representa, según Tejeiro, una oportunidad para dialogar y fortalecer la colaboración entre las instituciones. El magistrado expresó: “Yo creo que va a haber una oportunidad de conversar, de lograr colaboración armónica, de avanzar en búsqueda de lo mejor para el Estado, para la sociedad y para los ciudadanos”. Este acercamiento se produce tras una serie de tensiones persistentes entre las Altas Cortes y el Ejecutivo.
En los últimos meses, la relación entre la Corte Suprema y el presidente ha atravesado episodios de fricción. Uno de los incidentes más notorios ocurrió cuando Petro calificó al magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, como “negro conservador”, lo que generó repercusiones en el ámbito judicial y político. Además, los cuestionamientos del mandatario se extendieron a la Corte Constitucional, especialmente en torno al debate sobre la reforma pensional, y el Consejo de Estado, a raíz de decisiones relacionadas con nombramientos diplomáticos y la caída de iniciativas gubernamentales bajo control administrativo.
La cruzada de Petro contra las altas cortes
La Corte Constitucional también ha sido foco de las críticas presidenciales. El presidente Gustavo Petro dirigió sus señalamientos hacia el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien acusó de obstaculizar la implementación de la reforma pensional por motivos que, según él, no corresponden al ámbito jurídico.
Durante una intervención pública el 24 de julio de 2025, el primer mandatario afirmó: “El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la Presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque, en su conciencia, no quiere, por razones ideológicas ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”.
De igual manera, responsabilizó al organismo de provocar un “lío fiscal” tras declarar inexequibles varios apartados de su reforma tributaria. Frente a estos ataques, la Corte optó por una defensa institucional de su autonomía, expresada en sus fallos y comunicados oficiales. Como muestra de distanciamiento, algunos magistrados decidieron posesionarse ante sus colegas y no ante el jefe de Estado.
El Consejo de Estado protagonizó episodios de fricción con el Ejecutivo. Esta alta corte emitió fallos que restringen el margen de acción del Gobierno Petro en materia de comunicación y disciplina. Entre las decisiones más relevantes figura la prohibición de transmitir Consejos de Ministros por canales privados, bajo el argumento de que los espacios de televisión pública no deben emplearse para difundir propaganda gubernamental.
La reacción de Petro fue contundente: “Es decir, los contratistas del Estado quieren censurar al jefe del Estado. Solo querían que se escuchara una voz, la de los dueños del capital. Les asusta la información al pueblo colombiano del ‘Gobierno del cambio’”.
De hecho, el Consejo de Estado ordenó al presidente rectificar declaraciones en favor de figuras opositoras como Germán Vargas Lleras y su hermano Enrique, decisiones que generaron malestar en la Casa de Nariño. El Ejecutivo sufrió otro revés con la suspensión del decreto presidencial que buscaba convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud, una alternativa planteada tras el archivo de la reforma laboral en el Congreso de la República.
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