Las sanciones que enfrentan los propietarios en Colombia por no pagar el impuesto predial a tiempo

El impuesto predial es un tributo de carácter obligatorio para los propietarios de bienes inmuebles en Colombia.

Cada año, las alcaldías locales emiten los recibos correspondientes para que los contribuyentes realicen el pago, ya sea de manera total o mediante la modalidad de abonos por cuotas.

Esta obligación fiscal, contemplada dentro del régimen tributario nacional, es uno de los pilares de financiación de las ciudades y municipios del país.

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De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la última década el valor de los bienes raíces en Colombia ha tenido un incremento promedio del 4 % anual, lo cual ha incidido directamente en la base gravable de este tributo.

Así, el predial no solo refleja la propiedad individual de los inmuebles, sino también la evolución del mercado inmobiliario en las diferentes regiones.

Las administraciones locales han habilitado varias alternativas para facilitar el pago. Entre ellas, la cancelación total de la obligación antes de la fecha límite, o la suscripción a un esquema de pago por cuotas.

Sin embargo, pese a estas facilidades, un número considerable de personas incumple con el pago, lo que genera consecuencias de tipo financiero y jurídico.

Según explicó Semana, “para las personas que no cumplan con la obligación se dispondrá de unas sanciones para los morosos. En primer caso, se podrán presentar una serie de intereses moratorios por cada uno de los días en los cuales no se ponga al día con el compromiso”. Estos intereses, que se calculan sobre la base del capital adeudado, aumentan proporcionalmente al tiempo de mora, lo que representa un costo adicional considerable para el contribuyente.

Pero las sanciones no terminan allí. Cuando las deudas se prolongan en el tiempo, las autoridades locales pueden iniciar procesos de cobro coactivo, los cuales derivan en medidas más drásticas.

Entre ellas se encuentra el embargo de bienes, la restricción en la disposición de los mismos y, en casos más complejos, el remate judicial de las propiedades inscritas en el registro catastral del deudor.

Otra de las consecuencias que resalta Semana es que “el paz y salvo del pago del impuesto predial es necesario para poder realizar diversos trámites, como lo son el inicio de sucesiones o la venta del inmueble”. Esto significa que quienes deseen vender, heredar o realizar operaciones jurídicas sobre un predio deberán demostrar que están al día en el cumplimiento de esta obligación. Sin ese requisito, dichos procesos no pueden adelantarse en notarias ni en registros públicos.

El Estatuto Tributario también contempla la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la prescripción de la deuda cuando consideren que se cumplen los términos legales. Para acceder a este procedimiento, deben presentar documentos como la cédula de ciudadanía, el certificado de tradición y libertad, además de pruebas que acrediten la titularidad del predio. La solicitud de prescripción debe resolverse ante la autoridad tributaria correspondiente, con base en los plazos que define la ley.

En cuanto al destino de los recursos, lo recaudado por el impuesto predial constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las obras y proyectos de infraestructura en las ciudades. Las alcaldías locales informan de manera periódica cuáles son los programas que se apoyan con este tributo, los cuales van desde pavimentación de vías hasta proyectos sociales y ambientales.

En palabras de la publicación de Semana, “en la mayoría de los casos, los mandatarios de las ciudades presentan las propuestas para su administración y los procesos de financiamiento que se dispondrán para dar cumplimiento a cada uno de los proyectos”. Esto demuestra que el pago del predial no solo es una responsabilidad individual, sino que también se traduce en beneficios colectivos.

Un aspecto relevante es que la normativa nacional prevé beneficios tributarios para quienes cumplan puntualmente con esta obligación. Según el artículo 257 del Estatuto Tributario, los contribuyentes pueden realizar cruces en la declaración de renta con los pagos efectuados por impuesto predial o de vehículos.

Semana recordó que “el artículo 257 del Estatuto, le da la oportunidad a los contribuyentes, de hacer un cruce con lo que aportaron solidariamente en el Distrito, al pagar el impuesto predial o el de vehículos”. Esta disposición aplica especialmente en el caso de Bogotá, donde se habilitó un mecanismo para aplicar dichos beneficios en la declaración del año gravable 2025.