La coalición afín al presidente Gustavo Petro confirmó la inclusión de Daniel Quintero y Alfredo Saade en la consulta interna, con lo que el bloque de izquierda suma ya diez aspirantes para definir candidato presidencial en las elecciones de Colombia en 2026.
Tras varios encuentros entre el jefe de Estado y sus delegados para la estrategia electoral, la lista de postulantes alineados con el progresismo se amplió, reflejando una apuesta por el pragmatismo en vísperas del proceso comicial de 2026.
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La decisión agregó tensión a las deliberaciones internas, ya que tanto el exalcalde de Medellín como el exjefe de Despacho Saade han generado rechazo dentro de sectores de la izquierda tradicional.
El ingreso de los dos aspirantes apunta a movilizar no solo respaldos en su favor, sino votos en contra, lo que aumenta la participación en la consulta y proyecta el músculo del Pacto Histórico.
La consulta interna está fijada para el 26 de octubre, fecha clave en la ruta hacia la definición del candidato que buscará continuar el proyecto político del actual mandatario.
El presidente Petro ha sostenido reuniones exclusivas con responsables de la articulación política del movimiento y ha evitado pronunciarse públicamente sobre las decisiones de la consulta, con el objetivo de no incurrir en posibles faltas administrativas relacionadas con la participación de funcionarios en actividades partidistas.
Sin embargo, la inclusión de figuras polémicas en el tarjetón resulta de una estrategia que prioriza la amplitud de voces y la posibilidad de captar apoyos diversos.
Con las recientes incorporaciones, la lista de precandidatos del Pacto Histórico suma diez nombres: Daniel Quintero, Alfredo Saade, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alí Bantú, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Inés Ramírez, Susana Muhamad y Gloria Flórez. Cada uno representa tendencias y trayectorias distintas en la izquierda colombiana.
Varios de los miembros han exteriorizado desacuerdos y diferencias con los nuevos fichajes. Militantes del sector progresista han ventilado disputas en redes sociales, señalando disputas internas y falta de garantías para los participantes.
Ante la creciente presión y el temor a fracturas, Gustavo Petro intervino con un llamado a restaurar el orden y la cohesión. La dirección política del bloque tomó medidas para contener las pugnas y asegurar un proceso interno ordenado.
Las tensiones afectan también la conformación de listas al Congreso, un aspecto clave en la estrategia integral de cara a las elecciones. En la actualidad, se debaten metodologías que permitan integrar candidaturas de diferentes matices dentro de las listas de Cámara y Senado, un ejercicio que busca garantizar la inclusión de actores sociales, representantes sindicales y liderazgos regionales.
La ampliación del abanico de aspirantes se interpreta en círculos políticos como un movimiento para dotar de mayor legitimidad al mecanismo de consulta. Según asesores involucrados en la planeación de la campaña, la participación de figuras con trayectorias controversiales puede impulsar el voto de sectores adversos y fortalecer la fotografía de pluralidad del progresismo.
Entre los diez precandidatos destacan perfiles disímiles. Iván Cepeda es senador y activista de derechos humanos; Gustavo Bolívar fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023 por el Pacto Histórico; María José Pizarro ejerce como senadora y posee ascendencia histórica en el movimiento de izquierda.
Carolina Corcho es reconocida por su papel en la discusión de la reforma a la salud; Gloria Inés Ramírez se desempeñó como ministra de Trabajo; y Susana Muhamad es actual ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por su perfil, Daniel Quintero ingresó al tarjetón desde una posición ajena a los partidos tradicionales de izquierda, tras haberse consolidado como alcalde de Medellín y protagonizado choques con actores de la política nacional.
Alfredo Saade, por su parte, es pastor y empresario, y participó en la contienda presidencial de 2022 como precandidato antes de adherir al proyecto de Gustavo Petro.
La heterogeneidad del grupo ha sido objeto de debate público y privado. Diferentes voces del Pacto Histórico reclamaron canales efectivos de resolución de disputas, atención a las condiciones de acceso a la consulta y compromiso con la metodología acordada para la elección.
Los responsables de la consulta avanzan en la depuración de mecanismos de votación y fiscalización, en medio de reclamos de transparencia elevados por varios sectores. El proceso también debe enfrentar la supervisión institucional que compete a los órganos de control, considerando que la campaña de 2026 se perfila como una de las más competitivas y fiscalizadas de la historia reciente en Colombia.
Mientras la precampaña progresa, la atención nacional se centra en la manera en que el bloque progresista gestionará las tensiones derivadas de la inclusión de líderes alejados de la ortodoxia de izquierda. El resultado podría determinar el futuro rumbo de las fuerzas afines al presidente Gustavo Petro, en medio de una contienda marcada por la fragmentación y la exigencia social de renovación.
El cronograma de la consulta prosigue con reuniones programáticas, definición de reglas para el debate y la presentación pública de los aspirantes ante la ciudadanía, acciones que marcarán la pauta para la elección del nombre encargado de disputar la Presidencia en 2026 desde la coalición de mayor peso político en la izquierda colombiana.
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