La Contraloría General de la Nación advirtió que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta un déficit que pondría en riesgo la continuidad del programa en todo el país.
Según el ente de control, el faltante en el PAE alcanzaría los 500 mil millones de pesos, cifra que comprometería la entrega de raciones a más de 3 millones de estudiantes que dependen de este servicio en sus instituciones educativas.
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La alerta generó preocupación entre las familias y autoridades locales, ya que el PAE se ha convertido en un apoyo fundamental para garantizar la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
Ante esta situación, la W Radio entrevistó el 26 de agosto al director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, quien entregó explicaciones sobre el manejo del programa y la búsqueda de alternativas para cubrir el déficit.
El funcionario aseguró que el Gobierno tenía conocimiento del riesgo financiero y que la alerta de la Contraloría coincidía con advertencias previas hechas por la misma administración. “Después de una reunión realizada en Buenaventura se solicitó ayuda a la Contraloría y así hallar una solución”, señaló Rivera en diálogo con W Sin Carreta.
El director de la UApA explicó que la responsabilidad del programa no recae únicamente en el Gobierno central, ya que se trata de una estrategia de carácter conjunto en la que participan tanto la Nación como las entidades territoriales.
Precisó que mientras el Ejecutivo destina recursos para la financiación global, son los departamentos y municipios quienes definen los estudios de cobertura y adelantan los procesos de contratación de los operadores encargados de entregar la alimentación.
La Contraloría había advertido que, sin una solución inmediata, los recursos disponibles no alcanzarían para finalizar el calendario escolar de 2025, lo que dejaría sin raciones alimenticias a millones de menores en colegios oficiales. Rivera respondió que se está trabajando en conjunto con los entes de control para encontrar salidas que permitan asegurar el servicio.
El jefe de la entidad destacó la importancia de la corresponsabilidad de los mandatarios locales y regionales en el uso adecuado de los dineros destinados al programa. “Este programa cuesta 5.2 billones de pesos, se hace un llamado a las entidades a que hagan un uso correcto de los recursos”, enfatizó Rivera en declaraciones recogidas por W Radio.
El déficit detectado ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la planeación financiera del PAE y de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento. En reiteradas ocasiones, los organismos de vigilancia han señalado dificultades en la contratación de operadores y en la calidad de los alimentos entregados, lo que refleja la urgencia de ajustes estructurales.
El Plan de Alimentación Escolar, creado para contribuir a la permanencia educativa y mejorar las condiciones nutricionales de los estudiantes de menores recursos, atiende a millones de beneficiarios en todas las regiones del país. La suspensión de este servicio tendría un impacto significativo, no solo en la asistencia a clases, sino también en la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.
Rivera explicó que la UApA ha venido gestionando encuentros con autoridades locales para revisar la ejecución del presupuesto y promover buenas prácticas en la contratación. También se han planteado ajustes normativos para fortalecer la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos.
La situación actual del PAE refleja, además, la dificultad que enfrentan algunos entes territoriales para garantizar la cobertura total de la población escolar. En varios departamentos se han registrado retrasos en los pagos a los operadores, lo que genera interrupciones en la prestación del servicio y afecta directamente a los beneficiarios.
El director de la UApA insistió en que el Gobierno trabaja para evitar que los estudiantes se queden sin alimentación escolar. Subrayó que, aunque el déficit es considerable, se están evaluando diferentes opciones para asegurar los recursos faltantes y mantener la operación del programa durante el año en curso.
Las declaraciones de Rivera se dan en medio de un debate nacional sobre la financiación del PAE, que ha sido objeto de controversias desde su creación. La Contraloría ha documentado irregularidades en contratos y sobrecostos en diferentes regiones, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias.
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