Con menos de un año para que el presidente Gustavo Petro acabe su mandato como presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue avanzando en las investigaciones por presunta violación de topes de campaña en 2022.
De hecho, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada llevaron a cabo una investigación de más de dos años que derivó en la radicación de un proyecto de resolución.
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Esta investigación concluye que hubo una violación de los topes de financiación en la campaña presidencial, alcanzando una suma que superaría los 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta, según información revelada por Caracol Radio.
La propuesta establece sanciones administrativas para el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de campaña, así como para otros directivos y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica involucrados en el proceso electoral.
El texto de la ponencia, que alcanza casi 600 páginas, fue presentado este martes 26 de agosto ante la Sala Plena del CNE, según conoció el medio radial. Con la radicación de este proyecto, se abre la expectativa en torno a la postura que adoptará el tribunal, pues el desenlace dependerá de la correlación de fuerzas entre los dos bloques: uno, vinculado al Pacto Histórico, con cuatro magistrados; el otro, con cinco integrantes fuera de ese espectro.
El bloque de cinco magistrados conformado por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz jugará un papel crucial en la definición de la ponencia sancionatoria propuesta contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y otros directivos.
La situación obliga a la designación de conjueces, ya que las decisiones del tribunal electoral requieren al menos seis votos para ser aprobadas, según las normativas vigentes.
En esta oportunidad, la magistrada Alba Velásquez no podrá intervenir en la discusión ni en la votación, porque enfrenta dos recusaciones tras haber actuado como testigo electoral, postulada por la campaña de Petro en ambas vueltas presidenciales. Ante este contexto, se prevé que la definición del caso requerirá conjueces, conforme lo establece la ley.
En cuanto al cuerpo de la ponencia, los magistrados del Centro Democrático y Partido Liberal pidieron una millonaria sanción para el actual presidente de Ecopetrol, además de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, según información revelada por El Colombiano, Hernán Prada y Benjamín Herrera dejaron por fuera los costos relacionados con los polémicos vuelos que abordó el entonces candidato Gustavo Petro y que fueron pagados a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Sin embargo, el documento sí incluyó los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), además de los aportes por 500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Los magistrados también mostraron análisis de pruebas sobre los aportes del partido Polo Democrático y una factura pagada a Caracol Televisión.
Una de las acciones de mayor impacto derivadas del proceso es la decisión de compulsar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La resolución sostiene que independientemente de lo que suceda administrativamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE), las demás instancias deberán tramitar los hallazgos conforme a sus competencias, marcando un precedente en el tratamiento de presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas en Colombia.
El alcance de la resolución va más allá de sanciones administrativas y contempla multas para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Entre los puntos determinantes, el texto ordena: “Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa Barragán frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación a los topes o límites de gastos a las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, señala el informe conocido por El Tiempo.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibirá también el expediente como parte de las diligencias ordinarias para investigar a jefes de Estado.
“Remitir copia en medio magnético de la presente resolución a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con destino al proceso con radiado 5914, para su conocimiento y fines pertinentes de conformidad con la parte motiva de la presente resolución”, indican los magistrados.
Además de las sanciones contra Roa Barragán, la resolución involucra a otros miembros del equipo de campaña: Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto Caro, auditora.
El proceso ahora queda sujeto a la discusión y aprobación en sala plena del CNE, etapa que determinará la vigencia y alcance de las sanciones propuestas.
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