Polémica alianza entre el partido de la U y el gobierno Petro para quedarse con las mayorías en la Corte Constitucional

El nombre de María Patricia Balanta ha comenzado a sonar con fuerza en el Senado de la República de Colombia, justo cuando se acerca la “decisiva” fecha del 3 de septiembre, momento en que el Congreso elegirá al nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes, quien termina su periodo de ocho años.

Se ha conocido que se están tejiendo alianzas políticas que podrían definir el futuro inmediato de esta corte, sobre todo dada la influencia que tendría este cambio en dos reformas clave: la pensional y la de salud.

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Según se informa, el Gobierno nacional y el partido de la U vienen adelantando conversaciones, lideradas del lado de la colectividad por su codirector Álex Vega, orientadas a construir una alianza que respalde la postulación de Balanta.

El objetivo sería que el Gobierno logre la mayoría en el alto tribunal sumando los votos del Pacto Histórico y los de la U. Un triunfo para esta estrategia podría asegurar para el Ejecutivo el codiciado “quinto voto decisivo”, esencial para inclinar decisiones fundamentales del tribunal.

La posibilidad de sumar a Balanta se considera clave porque los magistrados Héctor Carvajal, Vladimir Fernández, Miguel Polo y Juan Carlos Cortés ya han tenido posturas favorables a iniciativas oficiales.

Si Balanta accede a la Corte Constitucional avalada por esta alianza, “el presidente Petro tendría control en el alto tribunal, lo que afectaría el equilibrio en las decisiones”, advierten las fuentes políticas consultadas.

Balanta es abogada graduada de la Universidad Central del Valle del Cauca, oriunda de Tuluá, y cuenta con una especialización en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Su perfil aparece como el mejor posicionado gracias a los acuerdos políticos en marcha, aunque su posible nombramiento despierta preocupaciones sobre la independencia del tribunal y la autonomía parlamentaria frente a las directrices de partido.

Otro nombre que ha cosechado apoyos importantes es el del exdefensor del pueblo Carlos Camargo, percibido como una figura con inclinaciones conservadoras y de defensa institucional.

Ha ocupado cargos como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), director de la Federación Nacional de Departamentos y funcionario de la Registraduría.

Sobre Camargo pesa la impresión de que su reputación de “hombre garantista que siempre ha defendido las instituciones y la majestad del Estado de Derecho” lo posiciona como candidato de consenso entre diversos sectores del Congreso.

La inminente elección plantea el interrogante sobre la autonomía de los senadores: si serán libres de votar según su criterio individual, o si prevalecerán las líneas fijadas por los codirectores de los partidos.

El resultado de esta votación, que tendrá lugar el 3 de septiembre, podría redefinir el panorama institucional y la balanza de poder en uno de los más altos órganos de justicia del país.

En medio de un clima de creciente tensión institucional, Gustavo Petro instó a los actores judiciales y políticos a cesar los obstáculos que, según su visión, dificultan la aprobación de la reforma pensional.

Durante una alocución el 5 de agosto, el presidente subrayó que la iniciativa constituye un esfuerzo central de su administración para proteger la vida de los colombianos, y advirtió sobre la necesidad de mantener la justicia al margen de intereses partidistas.

El mandatario enfatizó que su gobierno ha impulsado la reforma pensional como una de las transformaciones más relevantes, junto con la laboral, y defendió la legitimidad de los procedimientos empleados hasta el momento.

En su intervención, Petro afirmó: “Dejen de sabotear la aprobación de la reforma pensional. Y no me refiero a la Corte Constitucional porque la mayoría es racional con el propósito de cuidar la Constitución. Pero no debe haber política en la justicia. Y no es en el caso que llama la atención y por eso no presiono en los procesos, sino en este tipo de datos reales, pruebas reales. Lo que está haciendo el gobierno de Colombia es salvar la vida, transformando el sistema de salud que no funciona para la vida”.

Con estas palabras, el presidente reiteró la importancia de separar la función judicial de los debates políticos, una postura que, también incluyó una referencia indirecta a las cortes.

El avance de la reforma pensional ha enfrentado un nuevo escollo en el Congreso, donde la aprobación de un acta de votación generó controversia por presuntas irregularidades legales.

La representante Katherine Miranda del partido Alianza Verde denunció que se intentaba validar un acta sin haber alcanzado el quórum decisorio necesario durante la sesión parlamentaria correspondiente.

Miranda advirtió sobre las posibles repercusiones de esta anomalía, especialmente en lo que respecta al control constitucional, ya que estos documentos son fundamentales para la revisión formal de los trámites legislativos.