Un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público generó preocupación entre diversos sectores industriales en Colombia. La propuesta plantea restablecer la contribución del 20% sobre el valor de la energía eléctrica que pagan ciertos segmentos industriales, con la excepción del sector manufacturero.
De ser aprobada, la medida provocaría un aumento inmediato en los costos energéticos para empresas de sectores como el agropecuario, minas y canteras, gas, agua potable y saneamiento básico, mientras que los fabricantes mantendrían la exención.
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El documento, conocido el 25 de agosto, busca revertir una decisión adoptada en 2010, cuando se eximió a toda la industria nacional de esta contribución para fortalecer su competitividad. La contribución del 20% fue creada en 1994 mediante las leyes 142 y 143, con el objetivo de financiar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en el consumo de energía eléctrica. Cuando los recursos recaudados de los estratos 5, 6 y del sector comercial no son suficientes para cubrir estos subsidios, el Estado asume la diferencia.
En 2010, la exención general para la industria se justificó como una estrategia para mejorar la capacidad competitiva de las empresas colombianas frente a sus pares internacionales. Ahora, el borrador del decreto propone que solo el sector manufacturero conserve ese beneficio, mientras que otros sectores industriales volverían a asumir la carga de la contribución.
Impacto económico y debate sobre subsidios energéticos
El mecanismo de subsidios en Colombia opera a través de un sistema de transferencias cruzadas: los usuarios de estratos altos y los comercios pagan una tarifa superior, cuyos excedentes se destinan a subsidiar el consumo de los hogares de menores ingresos. Si estos recursos resultan insuficientes, el Gobierno nacional debe cubrir el déficit con fondos públicos.
El impacto económico de la medida sería inmediato para las empresas afectadas. Según el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, una empresa que en la actualidad paga una factura de $1.000.000 por consumo de energía eléctrica pasaría a desembolsar $1.200.000, lo que representa un incremento del 20% en su costo energético.
Castañeda manifestó su preocupación por el efecto que esta decisión tendría sobre la estructura de costos de los sectores excluidos del beneficio. El directivo señaló que la medida genera inquietud entre los industriales, que perderían un alivio otorgado hace más de una década para fortalecer su competitividad.
Más allá del impacto económico, Castañeda cuestionó la lógica de la propuesta. Según su análisis, “el documento de soporte del decreto argumenta que el subsidio ha crecido de tal manera que la nación debe aportar cada vez más recursos para cubrirlo”.
Sin embargo, el presidente ejecutivo de Andeg advierte que el 65% de los subsidios dirigidos a los estratos 1 y 2 estarían mal focalizados, es decir, asignados a hogares que no corresponden realmente a esos niveles socioeconómicos. Así las cosas, el experto considera que la solución planteada por el Ministerio de Hacienda no resuelve el problema de fondo.
“En vez de mejorar la focalización de los subsidios, la propuesta opta por incrementar la carga sobre segmentos industriales que ya habían sido eximidos de la contribución, reabriendo así el debate sobre la equidad y la eficiencia en la política de subsidios energéticos en el país”, señaló el presidente ejecutivo de Andeg.
Demanda contra el proyecto de decreto
Por supuesto, el proyecto de decreto sigue generando polémica. Por ejemplo, el representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático, dijo que lo demandará por ser “mezquino”.
“Demandaremos este decreto mezquino. Subir la energía un 20% es seguir condenando a las familias a elegir entre comer o pagar la luz”, precisó por medio de X.
De paso, señaló que el presidente Gustavo Petro quiere destruir la competitividad, espantar la inversión y acabar con millones de empleos.
Petición a la Corte Constitucional
Por su parte, el ex contralor General Carlos Felipe Córdoba calificó la medida como “despropósito” por querer quebrar el aparato productivo del país. Señaló que este “gobierno”, el proyecto mentiroso, prometió bajar tarifas y ahora busca cobrar más por la energía.
“No hay un solo esfuerzo por reducir el gasto, acabar con la nómina paralela o generar confianza inversionista. Si decretan este nuevo atentado contra el empleo de los colombianos, pido a la Corte Constitucional proteger los derechos y evitar otra catástrofe económica”, apuntó el también precandidato presidencial.
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