Gobierno Petro aclaró qué pasará con el bono de $230.000 para adultos mayores si se cae la Reforma Pensional

La incertidumbre sobre la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como Reforma Pensional del Gobierno de Gustavo Petro, en Colombia mantiene en expectativa a millones de adultos mayores que dependen de un bono mensual para enfrentar la pobreza.

Mientras la Corte Constitucional decide el futuro de la iniciativa, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, aseguró que los recursos para el subsidio de $230.000 mensuales están garantizados para 1,1 millones de personas, sin importar el desenlace legislativo. “En octubre, independientemente de que salga la ley, vamos a entregarles $230.000 a 1,1 millones de personas mayores”, afirmó el funcionario a El Tiempo al destacar que la cobertura aumentará respecto a años anteriores.

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Y es que en la actualidad el programa Colombia Mayor atiende a 1,6 millones de adultos mayores, aunque solo 500.000 reciben la suma de $225.000. El resto accede a montos inferiores, pero la meta inmediata es ampliar tanto la cobertura como el monto, según explicó el funcionario. Rodríguez resaltó que “esos recursos ya los tenemos”, lo que permite asegurar la continuidad del apoyo en el corto plazo. Esto, pese a que expertos como Kevin Hartmann adujeron que la reglamentación de la reforma le permite al Gobierno incumplir con el pago.

El escenario para 2025 y 2026 depende en gran medida de la aprobación de la Reforma Pensional. Si la ley entra en vigor, el Ministerio de Hacienda deberá transferir los recursos necesarios para cubrir a 3,1 millones de adultos mayores con el bono de $230.000.

“Hoy en día, solo tenemos los recursos para 1,6 millones, pero en el momento en que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a la reforma nos trasladarían el resto”, explicó el director de Prosperidad Social. Para 2026, la entidad proyecta un presupuesto de $9,9 billones, que incluye tanto el pilar solidario como otros programas de transferencias.

“Con los cálculos que hicimos para el Presupuesto del 2026, más o menos necesitamos unos $8,4 billones para atender a las personas del pilar solidario”, detalló el directivo al medio.

Algunos sectores del Congreso expresaron dudas sobre la sostenibilidad del pilar solidario, por lo que señalaron que su viabilidad depende de la disponibilidad presupuestal en cada periodo. Frente a estas críticas, Rodríguez sostuvo que “el proyecto sí incorpora esos recursos”, respaldándose en los documentos técnicos que acompañan la propuesta.

Además del bono pensional, Prosperidad Social administra otros programas clave como Renta Ciudadana y Renta Joven. En el caso de Renta Ciudadana, más de 700.000 hogares reciben $500.000 mensuales, con prioridad para mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza extrema. Rodríguez aseguró que estos recursos están asegurados gracias a una estrategia de focalización que prioriza a los sectores más vulnerables.

El programa Renta Joven beneficia a 300.000 jóvenes y estudiantes vinculados a universidades y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Prosperidad Social propuso una transición hacia modelos asociativos, en especial, por medio de cooperativas estudiantiles.

“Nuestra propuesta es que pasemos de una transferencia a un proceso asociativo a través de cooperativas estudiantiles. Esta transición es urgente y este es un debate que vamos a abrir porque queremos que ellos sean aliados”, explicó. Reconoció que existen posturas divergentes, ya que algunos beneficiarios prefieren recibir el dinero de manera directa, pero insistió en que “la política tiene que cambiar porque está probado que ninguna transferencia saca a la gente de la pobreza de forma permanente”.

En cuanto a la devolución del IVA, el programa sigue activo y en la actualidad atiende a 700.000 hogares registrados. Rodríguez destacó la importancia de fomentar la asociatividad entre los beneficiarios, por lo que señaló que la experiencia internacional, como la de Brasil, demuestra que el fortalecimiento de modelos asociativos contribuye a la reducción de la pobreza.

La transición hacia modelos asociativos y el apoyo a proyectos productivos forman parte de la estrategia de Prosperidad Social para promover la inclusión productiva. Desde 2024, la entidad impulsa un área dedicada a la economía popular, lo que facilita la creación y fortalecimiento de cooperativas y asociaciones en los territorios. Para 2025, se destinaron recursos en vigencias futuras para convocatorias de apoyo a emprendimientos, principalmente individuales, en alianza con Innpulsa y el Banco Agrario.

Además, las Juntas de Acción Comunal desempeñarán un papel fundamental en la identificación de adultos mayores que aún no se incorporaron al sistema, con el objetivo de alcanzar la meta de 3,1 millones de beneficiarios.

Rodríguez anticipó que, aunque las transferencias monetarias continuarán, la tendencia será destinar progresivamente más recursos a la inclusión productiva, especialmente para mujeres y jóvenes. “El presidente (Gustavo Petro) nos ha pedido la incorporación productiva de los jóvenes y las mujeres”, indicó, subrayando la relevancia de las asociaciones y las Juntas Comunales en este proceso.

A pesar de los esfuerzos y la ampliación de la cobertura, el director de Prosperidad Social advirtió que las transferencias monetarias, por sí solas, no resuelven los problemas estructurales de la pobreza. La experiencia acumulada en la gestión de estos programas muestra que, sin cambios de fondo, los subsidios tienden a ofrecer solo alivios temporales y no transforman de manera permanente la realidad de los beneficiarios.