Defensa del director de la UNP acudió ante la Corte Suprema tras señalamientos sobre presunta negligencia en el magnicidio de Miguel Uribe: esto dijo

“No existió una sola denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas amenazas contra la integridad del senador Miguel Uribe Turbay antes del atentado en su contra”. Con esta afirmación, el abogado Alejandro Carranza, representante de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), defendió el lunes 25 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia la actuación de la entidad y del funcionario, tras el asesinato del precandidato presidencial.

Carranza, que también es el apoderado del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su hijo mayor, Nicolás Petro, que afronta un juicio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, rechazó las acusaciones que han circulado en el ámbito político y negó que la UNP o su director tuvieran responsabilidad en la tragedia. Lo anterior, frente a las múltiples denuncias sobre una aparente negligencia en las actuaciones de la entidad.

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El abogado insistió en que no existe registro alguno de denuncias formales por amenazas hechas por Uribe Turbay antes del ataque. “Si (Miguel) Polo Polo o (Hernán) Cadavid tienen esas solicitudes, que las traigan, que las muestren. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias ante la Corte”, expresó el abogado. Así se refirió a los congresistas uribistas, que han sugerido que la UNP desatendió alertas previas.

El representante del exmilitante del M-19, que desde el inicio de la actual administración ha estado al frente de la UNP, fue enfático al pedir que, si existen pruebas de solicitudes de protección o denuncias penales formuladas por el senador asesinado, estas sean presentadas ante las autoridades competentes. Todo esto, para que no se siga vulnerando la honorabilidad de su cliente, que se ha convertido en blanco de las acusaciones de la oposición.

“Pero, que dejen de estigmatizar a Augusto, que dejen de estigmatizar la UNP y de atacar a los colombianos sembrando odio con sus palabras. Eso no es responsable y por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias en la Sala de Instrucción de la Corte”, advirtió Carranza, que hizo un llamado a los legisladores a ejercer su deber moral y político con responsabilidad, evitando el uso de sus cargos para infundir temor en la ciudadanía.

En su defensa de la UNP y de su director, el letrado explicó que la responsabilidad sobre el esquema de seguridad recaía en el propio senador Uribe Turbay.

“No se puede responsabilizar a la UNP ni al director, porque Augusto Rodríguez no tomaba las decisiones”, afirmó el abogado, que agregó que la institución siempre respetó las determinaciones del senador, que decidió cómo organizar su protección, optó por no recibir relevos y solicitó que se diera descanso a los miembros de la Policía Nacional asignados a su esquema, durante la fatídica jornada del sábado 7 de junio, cuando se produjo el atentado en su contra.

Y detalló que, el día del atentado, Uribe Turbay contaba solo con la mitad de su equipo de seguridad: una situación que obedecía a su propia decisión de dividir el esquema y rechazar reemplazos. El abogado precisó que el esquema habitual incluía cuatro miembros de la Policía y tres de la UNP, pero que, por voluntad del senador, no se aceptaban relevos; en una medida que tanto la UNP como la Policía respetaron hasta el día en que se produjo el atentado.

Es más, dijo que el día del atentado, la decisión del congresista de modificar su esquema de seguridad dejó a su disposición solo parte del personal habitual. A pesar de ello, uno de los agentes de la unidad, tras el ataque cometido en el Parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, logró capturar al agresor y evitar que la situación derivara en un linchamiento, lo que permitió que los hechos pudieran ser esclarecidos ante la justicia.

En sus declaraciones, el abogado Carranza apuntó hacia los congresistas Polo Polo y Cadavid, a los que acusó de difundir calumnias y estigmatizaciones ideológicas contra el director de la UNP; y sostuvo que estas declaraciones han generado insultos, amenazas y han perjudicado la institucionalidad de la entidad. “Eso generó un montón de reacciones, insultos, improperios, amenazas... Erosionó la institucionalidad de la Unidad Nacional de Protección”, relató.

Y agregó que estos señalamientos, incluso durante el funeral de Uribe Turbay, contribuyó a una narrativa falsa sobre la responsabilidad de la UNP y su director.

En cuanto al funcionamiento del esquema de protección, Carranza explicó que la UNP se encargaba de la logística, el suministro de personal, armamento y vehículos, mientras que la toma de decisiones operativas correspondía a la Dirección de Protección de la Policía Nacional (Dipro) y al propio protegido. Y recalcó que la unidad cumplió con sus obligaciones y que las acusaciones sobre supuestas solicitudes de protección negadas carecen de fundamento.

Lo anterior, debido a que la entidad no es la encargada de responder a tales peticiones y no existen registros de las veinte solicitudes mencionadas por los críticos. Por ello, el abogado instó a los congresistas a asumir su responsabilidad política y moral, recordando que su papel debe ser el de contribuir a la paz y la seguridad ciudadana, y no el de sembrar terror en la sociedad, especialmente en vísperas de elecciones.