Una polémica estalló en la frontera colombo-venezolana cuando el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, denunció la aparición de una valla que anunciaba la recompensa ofrecida por Estados Unidos por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
La situación generó fuertes declaraciones de Bernal y reavivó tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países, así como debates sobre la influencia de actores externos en la región.
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En declaraciones a varios medios de comunicación venezolanos, Bernal señaló: “En horas de la madrugada, colocaron a pocos diez minutos del puente Simón Bolívar una valla fascista, ¿verdad? Servil a los Estados Unidos. Me imagino uno de tantos grupos uribistas que hay allá de sobra. Seguramente Uribe pagó, el narco-Uribe pagó para que la colocaran, colocando allí precio por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y Cabello“.
El gobernador enfatizó que la reacción de un ciudadano colombiano, que retiró la valla, demuestra que aún existen sentimientos bolivarianos en el país vecino: “Pero del lado de Colombia también hay quienes aman a Bolívar, también hay quienes aman la patria. Y me imagino que un ciudadano colombiano molesto por esta acción detestable, en plena calle y a plena luz del día, se bajó y la arrancó. Yo no sé quién es, pero lo felicito, porque la patria de Bolívar va más allá de la frontera”.

Este episodio coincide con un momento de alta tensión, luego de que el 7 de agosto de 2025, Estados Unidos aumentara la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y a 25 millones por Diosdado Cabello. La medida hace parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), diseñado para desarticular redes delictivas transnacionales y llevar a sus líderes ante tribunales estadounidenses, según informó The Guardian.
La valla localizada sobre la carretera que conecta Cúcuta con Venezuela detallaba los delitos que motivan la orden de captura internacional contra Maduro y Cabello: narcoterrorismo, conspiración, envío de cocaína a Estados Unidos y deterioro de la democracia venezolana. Además, el cartel incluía un correo electrónico para que los ciudadanos pudieran enviar información sobre el paradero de ambos líderes, que según las autoridades estadounidenses, lideran el llamado Cartel de los Soles.

En reacción, Nicolás Maduro anunció un despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo su territorio, una respuesta que refleja la magnitud de la amenaza percibida por su régimen ante la presión internacional y las recompensas ofrecidas por Washington.
Por su parte, las autoridades municipales de Villa del Rosario ordenaron retirar la valla publicitaria tras constatar que la estructura no contaba con los permisos requeridos, según informó el secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz. La intervención puso en evidencia el incumplimiento de las normas locales para la instalación de publicidad exterior y motivó una acción inmediata por parte de la administración.
Ruiz explicó a EFE que la valla se instaló “sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal”. Ante esta situación, la oficina de control urbano verificó la falta de permisos y solicitó el desmonte de la estructura de manera inmediata, asegurando que la delegación municipal actuó con rapidez para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de las relaciones entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Más allá del mensaje de recompensa, refleja cómo los símbolos políticos, la presión internacional y las acciones ciudadanas pueden convertirse en puntos de tensión internacional.
La combinación de medidas coercitivas, movilización ciudadana y declaraciones de funcionarios muestra la interacción constante entre política, seguridad y percepción pública en un contexto geopolítico tenso y polarizado.
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