Posible responsable del atentado terrorista contra el helicóptero de la Policía había sido detenido en caravana de las Farc: fue liberado por el Gobierno porque estaba en una mesa de negociación

Un helicóptero de la Policía Nacional, que brindaba apoyo a operativos de erradicación manual de cultivos de coca, fue blanco de explosivos lanzados desde el aire, y dejó al menos doce uniformados muertos y varios heridos.

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Las autoridades atribuyeron la acción al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Chejo y alias Calarcá.

Precisamente, Calarcá fue detenido junto a otros guerrilleros en un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí, cuando se transportaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sin embargo, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, fue dejado en libertad porque formaba parte de la delegación de esa guerrilla que está en el proceso de paz.

Las investigaciones señalan que la orden para ejecutar el ataque provino de Óscar Javier Cuadros Zea, conocido como alias Chejo o Alejandro, quien lidera la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Junto a él, Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá) y Jesús María Restrepo Borja (alias Panda o Darlinson) figuran entre los principales responsables señalados por las autoridades.

Además, se mencionan otros presuntos implicados como alias Guaricho, jefe de la zona, alias Barbas y alias Guillermino, todos vinculados al frente 36 y con influencia en municipios como Anorí, Campamento y Angostura.

El prontuario de alias Chejo revela una trayectoria criminal iniciada en 2017 como guerrillero raso del ELN (antes de pasar a las Farc), con especialización en el manejo de explosivos.

Desde entonces, se le atribuyen múltiples delitos, entre ellos, la instalación de artefactos explosivos en Anorí, la incineración de maquinaria de la empresa Celsia S.A. en San Andrés de Cuerquia, la desaparición y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo en Campamento, y el homicidio de cuatro civiles en la vereda La Frisolera en 2023.

Su ascenso en la estructura criminal (Farc) lo llevó a consolidar el control territorial en el nordeste antioqueño y a coordinar acciones violentas contra la Fuerza Pública y la infraestructura económica de la región.

Las autoridades consideran que su neutralización representaría un golpe significativo para los planes estratégicos del grupo armado.

La respuesta institucional fue inmediata. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue total de las capacidades de la Fuerza Pública para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y perseguir a los responsables.

El gobernador Rendón Cardona ofreció recompensas de hasta cien millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Guaricho y de hasta cincuenta millones por alias Joao, cabecilla de una estructura criminal del Clan del Golfo que opera en la región.

Además, el mandatario departamental había solicitado previamente la identificación de los líderes de otros grupos armados presentes en el nordeste de Antioquia.

En paralelo a la ofensiva militar, se desarrollaron operativos que resultaron en la captura de varios integrantes de las disidencias de las Farc.

Siete personas fueron detenidas cuando se desplazaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre los municipios de Barbosa y Cisneros. Entre los capturados figuran alias Érika, alias Firu, alias Ramiro y alias Boyaco, quienes permanecen bajo custodia del Ejército en el Batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, a la espera de sus audiencias judiciales.

Sin embargo, otros miembros de la caravana, como alias Calarcá y alias Panda, no fueron detenidos debido a la suspensión de sus órdenes de captura, mientras que alias Chejo y alias Sara tampoco contaban con órdenes vigentes en ese momento.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron un chaleco balístico, 60 millones de pesos en efectivo, dos computadores portátiles, un teléfono satelital, memorias USB y dos pistolas calibre 9 milímetros. Los vehículos utilizados por los capturados permanecen bajo custodia en el batallón militar, donde también se han realizado inspecciones por parte de la Fiscalía y las fuerzas armadas.

El impacto político y social del ataque ha sido profundo en Antioquia. El gobernador Rendón Cardona insistió en la necesidad de fortalecer la justicia y las oportunidades sociales como pilares para la construcción de la paz, y reclamó que la Fuerza Pública cuente con el respaldo necesario para actuar con determinación frente al crimen organizado. La gravedad del hecho, según el mandatario, exige medidas inmediatas por parte de la Unidad Nacional de Protección y una respuesta firme de las instituciones para evitar que la violencia siga escalando en la región.