El presidente Gustavo Petro, explicó en su cuenta de X los argumentos que, según él, fundamentan la decisión de Nicaragua en cabeza de Daniel Ortega de otorgar asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El presidente identificó dos razones centrales: el distanciamiento político e ideológico que mantiene desde hace años con Ortega y la trayectoria de González como combatiente internacionalista del M19 en el conflicto nicaragüense durante la revolución contra Somoza.
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El mandatario expresó: “Se debe a dos razones poderosas. Que le den asilo a Carlos Ramón: 1. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y 2. porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”.
Carlos Ramón González, antiguo directivo del Dapre y figura cercana a Petro, es un exmilitante del Movimiento 19 de Abril (M19), organización guerrillera desmovilizada en Colombia, cuyos miembros participaron en la guerra civil nicaragüense incorporados al Ejército Popular Sandinista. El propio presidente subrayó en X estos antecedentes al destacar la integración de los oficiales del M19 a las fuerzas militares sandinistas con grados especiales, una participación que, años después, influiría en la percepción de las autoridades de Nicaragua respecto al perfil político y judicial de González.
El otorgamiento del asilo provocó una inmediata respuesta oficial por parte del Gobierno de Colombia. En un comunicado conjunto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia manifestaron su desaprobación a la decisión del gobierno nicaragüense, señalando que González Merchán es requerido por la justicia colombiana por delitos comunes en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El comunicado enfatiza que “Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a personas que tengan justificación para solicitarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales el país hace parte”, aunque advirtió que “este derecho no podrá ser invocado por personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”.
El caso de Carlos Ramón González ha estado vinculado al escándalo de corrupción en la Ungrd, acontecimiento que marcó la agenda política del actual gobierno. El exdirector del Dapre enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. Las autoridades judiciales colombianas solicitaron su extradición a Nicaragua, luego de que se confirmara su residencia en dicho país tras su salida de Colombia.
La solicitud formal de extradición fue presentada a través de la embajada de Colombia en Managua, adjuntando las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación. La respuesta de Nicaragua fue negativa, justificando la protección internacional ofrecida a González con base en su constitución política y en convenios internacionales sobre derechos humanos y asilo. El gobierno de Ortega manifestó que bajo ninguna circunstancia será entregado o devuelto a un país donde existan riesgos para su integridad por razones políticas o de opinión.
El comunicado oficial colombiano advirtió que la decisión de Nicaragua desconoce los compromisos establecidos en el Tratado de Extradición de 1929 entre ambas naciones, el cual obliga a la entrega de personas procesadas o condenadas por la justicia de cualquiera de los dos países. Al mismo tiempo, Colombia reiteró su solicitud de reconsiderar la medida, con el fin de que González Merchán pueda responder ante la justicia en su país.
Paralelamente, continúan las investigaciones en Colombia para determinar si hubo presuntas complicidades facilitando la salida de González, así como en los trámites administrativos para su residencia en Nicaragua. Testimonios de exfuncionarios procesados por el escándalo de la Ungrd apuntan a reuniones y directrices entregadas en la Casa de Nariño sobre contrataciones y distribución de recursos hacia aliados políticos, en las que señalan directamente a Carlos Ramón González.
El futuro judicial de Carlos Ramón González queda condicionado por la negativa nicaragüense a conceder su extradición, mientras el gobierno colombiano insiste en la necesidad de que rinda cuentas ante la justicia por los delitos que se le imputan. Las autoridades han remarcado que el proceso contra González sigue activo, que la información sobre el caso ha sido remitida a todas las instancias internacionales pertinentes y que persistirán en los canales legales y diplomáticos correspondientes.
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