La tarde del martes 19 de agosto, la rutina de la finca Villa Claudia se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que, según los vecinos, se escuchó poco después de las 2:30 de la tarde. Al llegar, los uniformados hallaron una escena devastadora: tres personas sin vida y tres más gravemente heridas, todas atacadas a quemarropa con pistolas calibre 9 milímetros.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó la magnitud del crimen y detalló que los agresores actuaron con total frialdad: “Fue un hecho indiscriminado. Llegaron preguntando por un dinero, y al no obtener respuesta, dispararon contra todos los presentes”, describió el mandatario departamental.
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Las víctimas mortales fueron identificadas como Anguel Natalia Vaca Santamaría (24 años), con un impacto en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara (67), herida en el cuello y el pómulo derecho; y Jobany Javier Chivata Daza (44), con un disparo en el rostro.
Los heridos fueron Jhon Jairo Vélez Rodríguez (36), con lesión en el antebrazo; Luis Alberto Rodríguez (68), con impactos en cuello y espalda; y Claudia Tereza Rodríguez (49), con un disparo en el abdomen, fueron trasladados al hospital de Mesitas del Colegio, aunque dos de ellos debieron ser remitidos al hospital de La Mesa por la gravedad de sus lesiones.
La reacción institucional fue inmediata: el gobernador Rey solicitó que el comandante de la Policía de Cundinamarca asumiera directamente la investigación, con el respaldo de unidades especializadas como la SIJIN, el SIPOL y el GAULA: “Activamos un plan candado y desplegamos toda la capacidad de investigación criminal para proteger a los heridos y capturar a los responsables”, afirmó Rey.
El acompañamiento del Ejército y del Cuerpo de Bomberos permitió atender de manera prioritaria a los heridos y reforzar la presencia de las autoridades en la zona.
Un ajuste de cuentas posiblemente ligado con un reconocido sector comercial de Bogotá
El análisis de los hechos, sin embargo, fue más allá de la brutalidad del ataque. Una fuente de la Fiscalía reveló que los fallecidos tenían antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y violencia intrafamiliar.
Además, uno de ellos era conocido en San Andresito de la 38, concurrido sector comercial en Bogotá, como parte de redes ilícitas que operaban en ese sector. Este dato orientó la principal hipótesis de la investigación: el ataque habría sido un ajuste de cuentas vinculado a disputas por rentas ilícitas. “Las víctimas tenían registros judiciales previos y nexos con actividades ilegales. Todo apunta a un enfrentamiento por rentas ilícitas”, explicó la fuente al ente acusador, según recogió El Tiempo.
Los testimonios recogidos en el lugar describieron a los responsables como cuatro hombres en dos motocicletas, “al parecer extranjeros”, que llegaron preguntando por un dinero guardado en la finca. Ante la negativa, abrieron fuego de manera indiscriminada.
A propósito de ello, secretario de Seguridad municipal, Andrés Guzmán, descartó la presencia de grupos armados organizados en la región: “No es un hecho de presencia guerrillera ni de estructuras al margen de la ley en el territorio. Se trató de un ajuste de cuentas”, explicó.
La Fiscalía centra ahora sus pesquisas en los antecedentes de las víctimas y sus conexiones en Bogotá, especialmente en torno a San Andresito de la 38, un punto históricamente señalado como foco de contrabando y otras economías ilegales.
La conclusión preliminar es que los fallecidos llegaron a la finca Villa Claudia buscando protección, pero sus cuentas pendientes los alcanzaron. El expediente abierto busca esclarecer si el móvil fue el dinero supuestamente escondido en la finca, como sugieren los testimonios, o si el ataque obedeció a un ajuste de cuentas ligado a las actividades criminales en la capital.
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