Juez ordenó arresto del director de la Dian por desacato de tutela en nombramientos: el funcionario respondió

El Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá emitió el 19 de agosto de 2025 una orden de arresto contra Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la Dian, junto a otros tres altos funcionarios de la entidad, por desacato a una acción de tutela que exige el respeto a derechos fundamentales.

Según el oficio N° 131, la medida afecta también a Pedro José Arteaga Martínez, director seccional de impuestos nacionales en Bogotá, David Gustavo Suárez Castañeda, subdirector jurídico de protección al contribuyente y jurisdicción coactiva, y Paula Andrea Pérez Vargas, directora de gestión jurídica.

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La orden, remitida al Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, instruye la ejecución inmediata del arresto y la notificación al juzgado sobre su cumplimiento, como consta en el edicto judicial del 14 de agosto.

“Me parece indignante que todavía el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá no ha ido a capturar a Luis Llinás y a esos funcionarios que nos tienen en este momento a mí y a muchos elegibles, cientos de personas, que algunos están desempleados, algunos están ya en las ciudades donde se supone que deberían trabajar pagando arriendo y no nos han nombrado. Por lo tanto, no hemos podido acceder a la entidad”, expresó Juan Jiménez, abogado y miembro de la lista de elegibles de la Dian, en entrevista con Blu Radio.

Esta declaración resume el clima de frustración y tensión que rodea la reciente decisión judicial que sacude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

El trasfondo de este proceso judicial se remonta a la ampliación de la planta de personal de la Dian en 2023, cuando, siguiendo recomendaciones de la Ocde y otros organismos internacionales, la entidad abrió una convocatoria pública para incorporar más de diez mil nuevos cargos por concurso de méritos.

El objetivo era fortalecer la estructura del organismo recaudador de impuestos y aduanas, en línea con estándares internacionales.

Sin embargo, según relató Juan Jiménez, muchos de los aspirantes que superaron el concurso y quedaron en la lista de elegibles no fueron nombrados, a pesar de que existían vacantes suficientes.

“La Dian omitió en su momento reportar la cantidad suficiente de vacantes que tenían y de ahí se deriva la tutela. Entonces, nosotros acudimos a la justicia, demostramos que había vacantes suficientes y que la norma de la misma Dian y la Norma General de Carrera Administrativa nos da el derecho a ser nombrados. El juez nos da la razón", indicó Jiménez.

“La Dian apela y aun así pierde; los magistrados nos dan la razón. Les ordenan que efectivamente nos nombren en los cargos que están vacantes. Pero no cumplen con la orden, orden que se dio el nueve de junio de este año”, agregó.

El expediente judicial confirma que los funcionarios demandados omitieron adoptar las medidas necesarias para acatar la decisión previa, lo que motivó la orden de arresto de hasta tres días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los implicados.

El proceso establece que el fallo debe cumplirse de inmediato y faculta a las autoridades policiales para trasladar a los detenidos a la sede del comando metropolitano de la Policía. El plazo para la notificación y ejecución de la medida comenzó a regir desde la expedición del oficio oficial.

La situación se complica por la coexistencia de dos grupos dentro de la Dian: los funcionarios provisionales y los elegibles por concurso. Según explicó Jiménez, la administración de la entidad habría prometido a los sindicatos de provisionales que la ampliación de la planta no implicaría su salida, lo que generó un conflicto cuando la ley establece que la provisionalidad debe extinguirse en favor de quienes integran la lista de elegibles.

“La Dian le mintió a sus provisionales, a los sindicatos de provisionales, porque les hizo creer que como habría una ampliación tan grande, ellos no deberían abandonar en provisionalidad. Sin embargo, la norma es clara y la provisionalidad se extingue apenas alguien hace parte de la lista de elegibles.

La Dian advirtió sobre la imposibilidad material y jurídica de cumplir con recientes órdenes judiciales que exigen el nombramiento masivo de personas incluidas en listas de elegibles, según un comunicado oficial citado por la entidad. La entidad alertó que estas decisiones desconocen la normativa vigente y ponen en riesgo la institucionalidad.

Cumplir con los fallos judiciales en los términos impuestos implicaría la desvinculación de 395 funcionarios provisionales, lo que podría generar demandas millonarias contra el Estado y afectar la continuidad de los procesos misionales de recaudo y fiscalización, de acuerdo con la Dian.

Además, la entidad cuestionó los plazos fijados por los jueces, que en algunos casos son de 48 horas, señalando que estos no respetan los trámites legales ni el debido proceso de los funcionarios afectados, algunos de los cuales cuentan con especial protección constitucional.

En los últimos cinco años, la Dian realizó tres concursos de mérito y actualmente desarrolla un cuarto proceso, de los cuales han resultado vinculados 6.391 funcionarios en vacantes ofertadas y 3.272 en vacantes no ofertadas mediante el uso de listas de elegibles. La entidad reiteró su compromiso con el principio de mérito establecido en la Constitución Política de Colombia para el acceso a la función pública.

La entidad manifestó preocupación porque algunos jueces han extendido los efectos de sus decisiones a personas que no participaron en los procesos judiciales, una facultad que, según la jurisprudencia citada por la entidad, corresponde únicamente a la Corte Constitucional.

“En lo relacionado con el uso de lista elegible para vacantes no ofertadas, en convocatoria del año 2022, la Dian planeó inicialmente nombrar a 1.617 nuevos funcionarios a través de este mecanismo. De esta planeación, ya se posesionaron 1.391 y, por órdenes judiciales de acción de tutela, se tiene previsto el ingreso de 1.652 personas más, para un total de 3.043 funcionarios provenientes de estas listas elegibles”, dijo el director de la entidad, Luis Eduardo Llinás.

Además, advirtió que las órdenes judiciales que exigen el uso indiscriminado de listas de elegibles constituyen una invasión a sus competencias legales y pueden afectar el desarrollo de su misión técnica.

La entidad informó que elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y advirtió que este tipo de decisiones judiciales desconocen el régimen especial de carrera de la Dian, poniendo en riesgo la planeación institucional y la sostenibilidad fiscal del país.

“En cumplimiento de un fallo de tutela interpuesta por esta ciudadana, la entidad reportó las únicas veinte vacantes que tenía disponibles para uso de la lista de elegible. Lo anterior, autorizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil”, añadió Llinás.

Finalmente, la Dian solicitó al Consejo Superior de la Judicatura capacitar a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la entidad, y pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil actuar como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al principio de mérito.