Deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzan su cifra más alta en casi 30 año

Las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzan su cifra más alta en las últimas tres décadas, en medio de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. De acuerdo con el reporte del Centro de Intercambio de Información sobre Registros Transaccionales (Trac Report), durante los primeros seis meses de 2025, 23.045 personas de nacionalidad colombiana han sido expulsadas del país. Esta cantidad ya iguala, y supera, al total de deportaciones registradas durante todo el año anterior, cuando se alcanzaron 21.056 expulsiones.

El impacto de estas cifras es reflejo de un endurecimiento en la medida migratoria estadounidense que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos. Bajo la administración Trump, la cantidad de colombianos deportados no solo marca un hito para esa nacionalidad, sino que ilustra una tendencia global al alza que afecta a varias comunidades latinoamericanas.

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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 ha transformado radicalmente la política migratoria de Estados Unidos. Desde esa fecha, el país ha intensificado la expulsión de extranjeros, en especial de nacionalidades latinoamericanas. Según cifras obtenidas por Trac Report, el promedio diario de colombianos deportados desde entonces alcanza los 140 casos.

Entre enero y junio, el flujo de expulsiones ha registrado máximos históricos consecutivos. En enero, el número fue de 2.153 colombianos, cifra cercana al récord previo de agosto de 2024, cuando se reportaron 2.303 expulsiones. Para marzo, las deportaciones mensuales ya superaban las 3.000 personas, y en junio se registró el mayor pico desde que existen datos oficiales: 3.059 expulsados en un solo mes.

Colombia se ubica actualmente como el quinto país con mayor número de deportados desde Estados Unidos, detrás de México (77.925), Honduras (53.604), Guatemala (51.886) y Venezuela (26.578). Las cifras reveladas por Trac Report muestran que en el año fiscal hasta junio, el total general de personas expulsadas de tierras estadounidenses alcanzó las 344.096, superando los 316.216 de todo el ejercicio fiscal previo. Si esta tendencia se mantiene, el incremento interanual podría llegar hasta un 20%.

La administración estadounidense no se limita a incrementar las expulsiones. Ha implementado nuevas restricciones migratorias y ha reforzado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la contratación de 10.000 agentes adicionales, medida que la Casa Blanca presentó como fundamental para alcanzar su meta de triplicar los arrestos y deportaciones diarios respecto al periodo previo al regreso de Trump.

Un informe económico citado por El tiempo estimó que la fuerza laboral inmigrante en Estados Unidos se redujo en 1,2 millones de personas desde enero, con consecuencias directas en sectores como el agrícola, donde el empleo cayó un 6,5 % en solo cuatro meses.

Uno de los aspectos que más han llamado la atención, según algunos medios de comunicación, es la falta de acceso a la información sobre los vuelos de deportación. Varias compañías privadas contratadas por el gobierno han solicitado ocultar los números de identificación de sus aeronaves, lo que impide rastrear los viajes y dificulta el monitoreo por parte de organizaciones y periodistas. Esta práctica ha dado origen al término “vuelos fantasma”, cuya existencia fue confirmada cuando el portal Flightradar24 reveló el retiro de varios identificadores a petición de las aerolíneas.

Un portavoz de Avelo Airlines reconoció: “Los vuelos operados en nombre del gobierno de Estados Unidos a menudo no se identifican a petición del propio gobierno”. Según los medios, la Casa Blanca validó la información brindada al no desmentir el informe difundido en marzo.

La estrategia de Washington combina diversas acciones para sostener el ritmo de deportaciones. La frontera sur ha sido sellada casi por completo y se han desplegado 1.500 efectivos militares adicionales. Además, mediante la aplicación móvil CBP Home, las autoridades invitan a los propios migrantes a iniciar su proceso de “autodeportación” como forma de agilizar el trámite y evitar detenciones prolongadas.

La administración de Donald Trump también eliminó permisos especiales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y redujo la facilidad para nuevos trámites de visas. El resultado, según expertos como Ariel Ruiz Soto del Migration Policy Institute (MPI), explica el salto en las cifras y el carácter masivo de las expulsiones, ahora centradas en migrantes del interior del país.

El Trac Report señala que el 71,1% de los cerca de 60.000 detenidos por ICE carece de antecedentes criminales al momento del arresto, contradiciendo el argumento oficial que prioriza la expulsión de personas con antecedentes penales.

• Derecho a guardar silencio: No está obligado a responder preguntas sobre su estado migratorio o lugar de nacimiento. Solo proporcione su nombre si se lo piden para identificarlo.
• Derecho a no ser registrado sin orden judicial: Puede expresar claramente que no consiente el registro de su persona, vehículo o propiedad.
• Derecho a permanecer en su hogar: No abra la puerta a las autoridades a menos que presenten una orden judicial firmada por un juez.
• Derecho a consultar una orden: Si las autoridades presentan una orden, revísela antes de permitir el acceso. Asegúrese de que sea válida y específica.

• Tiene derecho a una audiencia: El gobierno no puede deportarlo sin darle la oportunidad de presentar su caso ante un juez.
• Derecho a un intérprete: Si no habla inglés, un intérprete debe asistirle durante las audiencias.
• Derecho a apelar: Puede apelar la decisión de deportación, siempre que siga los plazos legales.
• Presencia en las audiencias: Es crucial asistir a todas las audiencias. Si no lo hace, se emitirá una orden de deportación en su ausencia.