La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Dorina Hernández Palomino denunció ante el Congreso de la República presuntas irregularidades en la entrega de tierras a campesinos, que se está llevando a cabo a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De acuerdo con la legisladora, campesinos del municipio de Zambrano, Bolívar, han alertado sobre dichas anomalías.
Hernández Palomino aseguró que los afectados han presentado diferentes reclamos ante la entidad, al parecer, sin obtener respuesta, mientras persisten prácticas que, según sus palabras, “excluyen a los verdaderos campesinos” y favorecen a “clanes políticos” del departamento. Pues, al parecer, campesinos que no tienen vocación agrícola están recibiendo los terrenos que son aptos para la siembra.
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Esto se debería, en parte, a la conformación de un comité municipal de la Reforma Agraria en Zambrano, el cual cuenta con la participación de funcionarios y políticos. Estas personas, presuntamente, estarían recurriendo a acciones irregulares para impedir que los campesinos que deben beneficiarse de las tierras, las reciban.
Adicionalmente, la representante señaló que se han exigido pagos a los campesinos para la realización de trámites que, de acuerdo con la normativa, no deberían tener costo. Además, advirtió sobre la presencia de terceros que aseguran estar capacitados y avalados para gestionar estos procesos y la entrega de tierras con fines políticos.
“Nosotros sabemos que para ellos no se requiere ningún tipo de dinero, pero que además hay tramitadores intermediarios y que muchas de esas tierras se le están entregando con fines políticos y sobre todo con los clanes políticos de mi departamento”, aseveró la congresista en una sesión plenaria de la Cámara.
Así las cosas, Hernández Palomino hizo un llamado al Ministerio de Agricultura, liderado por Martha Viviana Carvajalino Villegas, y a la Presidencia de la República, en cabeza del primer mandatario Gustavo Petro, para que intervengan y brinden soluciones a la población afectada.
“La tierra es para quien la trabaja y no podemos seguir excluyendo a estos campesinos como en otrora se hacía”, precisó la legisladora.
Apropiación ilegal de tierras que afecta a víctimas y campesinos
No es la primera vez que se registran denuncias de irregularidades en la adjudicación de tierras para población campesina en Colombia. En diciembre de 2024, el director de la ANT, Felipe Harman, informó a través de una rueda de prensa que se detectó una apropiación irregular de miles de hectáreas de tierra que originalmente estaban destinadas a víctimas del conflicto armado y campesinos.
El funcionario alertó sobre la existencia de un “cartel de la tierra” que involucra a narcotraficantes, políticos, empresarios, testaferros y nuevos grupos paramilitares que se adueñaron de terrenos entregados al Estado tras los procesos de desmovilización paramilitar, con la finalidad de restituirlos a la población vulnerable.
“El latifundio mafioso está más intacto que nunca y queremos prender la alarma porque esto requiere de un gran esfuerzo como Estado”, precisó el director.
De acuerdo con información que suministró, estas personas hacen presencia activa en varias fincas de diferentes regiones del país sin ningún contrato de arrendamiento, a pesar de que esos terrenos pertenecen al Estado colombiano. La situación salió a la luz durante los intentos de la entidad para adquirir los predios y avanzar en su entrega a quienes, por ley, son beneficiarios.
La agencia logró documentar al menos seis casos concretos de ocupación irregular a nivel nacional. Las investigaciones identificaron situaciones en Buenavista (Córdoba), Las Américas (Chimichagua, Cesar), Córdoba (Bolívar), Cáceres y Tarazá (Antioquia), Caucasia (Antioquia) y Puerto López (Meta), municipios donde los predios entregados por paramilitares a favor del Estado han sido ocupados nuevamente por poderes ilegales.
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