La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió dar trámite a una denuncia disciplinaria interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, en la que se le señala de presunto abandono del cargo y de un uso irregular de recursos públicos durante visitas a Ecuador y Europa.
El proceso, radicado bajo el número 7012, quedó oficialmente en etapa preliminar tras el auto de sustanciación emitido el 20 de agosto de 2025.
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El documento, suscrito por los representantes investigadores designados, estableció que “Primero: Avocar el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra del presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, de conformidad con lo previsto en el artículo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000”.
Esta decisión implica que la Comisión, que es la competente para investigar al Presidente de la República, abre formalmente un expediente sobre los hechos denunciados.
Los viajes cuestionados
La queja disciplinaria fue radicada por el ciudadano Pedro Santiago Rodríguez Betancort, que argumentó que el mandatario habría incurrido en “irregularidad en el manejo del erario público colombiano y abandono del cargo durante visitas extraoficiales a la ciudad de Manta, Ecuador el 25 de junio de 2025, y Francia, España del 27 de junio de 2025 al 3 de julio del 2025”.
El proceso fue asignado, mediante reparto del 16 de julio de 2025, a tres representantes investigadores: Karyme Adriana Cotes Martínez, como coordinadora, junto con Juan Carlos Wills Ospina y Jorge Eliécer Tamayo Marulanda. En el auto de sustanciación se dispuso también “Oficiar a través de la secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la Secretaria General de la Presidencia de la República a fin de que expida en duplicado certificación del presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, en la que se refiera su calidad foral”.
De igual forma, se ordenó notificar a las partes del proceso, incluyendo a la Procuraduría General de la Nación, “para lo de su competencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 277 de la Constitución Política y el artículo 5 de la ley 273 de 1996”. Con ello, la Comisión formalizó el inicio del trámite, aunque se mantiene en fase preliminar.
Cabe aclarar que en este momento no existe una sanción ni se ha definido responsabilidad alguna. Desde la Cámara de Representantes deberán adelantar las diligencias correspondientes y establecer si existen méritos para avanzar hacia una investigación formal.
Contexto institucional y político
La Comisión de Acusaciones, considerada en el ordenamiento colombiano como la célula legislativa encargada de investigar al Presidente y otros altos dignatarios aforados, atraviesa un momento de especial tensión política. Su mesa directiva fue elegida apenas el 20 de agosto de 2025, tras varias semanas de aplazamientos, divisiones internas y suspensión de sesiones por el funeral del senador Miguel Uribe Turbay.
La votación resultó en la designación de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, como presidenta de la Comisión para el último año legislativo. Antes de su elección hubo disputas incluso dentro del oficialismo: el congresista Alejandro Ocampo buscó disputarle la presidencia a Arizabaleta, lo que, de haberse concretado, habría dividido el voto del sector y abierto la posibilidad de que un representante como Cuenca, apoyado por sectores de oposición, alcanzara la presidencia.
El control de la mesa directiva era visto como crucial por parte del Gobierno Petro. Desde la Presidencia de la Comisión se pueden definir el ritmo de los procesos, la acumulación de expedientes y la asignación de casos; por ello, para el Ejecutivo era clave evitar que la oposición ocupara ese cargo, pues habría podido acelerar varias investigaciones en curso contra el mandatario.
Finalmente, se impuso el oficialismo, aunque los representantes Katherine Miranda (Alianza Verde) y Hernán Cadavid (Centro Democrático) votaron en blanco.
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