“Esto es un abuso a la libertad de prensa. Un magistrado no puede decirnos con qué medio pautar. La libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son derechos fundamentales”. Con esta frase, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el jueves 21 de agosto de 2025 a la decisión del Consejo de Estado que afecta, a su parecer, la política de distribución de la pauta oficial; bajo el modelo que se conoce como ‘ley de tercios’.
La reacción del jefe de Estado, que se produjo en su perfil en la red social X al replicar un reporte periodístico sobre el asunto, se conoció tras la decisión de la Sección Tercera del referido Tribunal, que suspendió la directiva presidencial 11 de 2024 que establecía la obligación de destinar el 33% de la pauta oficial a medios alternativos y comunitarios. Según la información, la medida cautelar se mantendrá mientras se estudia la demanda de fondo.
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La decisión del Consejo de Estado alimentó aún más el debate sobre el uso de los recursos públicos destinados a la comunicación. Y es que, según se conoció, La Fundación para el Estado de derecho, accionante de la demanda que tumbó la directriz en mención, señaló que la suspensión ocurre en medio de crecientes denuncias sobre la utilización de la pauta para financiar encuentros con influenciadores, en vez de fortalecer a los medios comunitarios.
“El Despacho encuentra que la directriz consistente en que se procure la contratación de una parte del presupuesto de las autoridades del orden nacional para determinados fines y con determinados sujetos viola el deber de selección objetiva, así como los principios de igualdad, libre competencia y la ley anticorrupción respecto de los lineamientos aplicables al presupuesto destinado a la publicidad de entidades del orden nacional y territorial”, se leyó en el fallo.
Daniel Briceño le salió al paso a las críticas de Petro a la decisión del Consejo de Estado
Frente a lo dicho por el primer mandatario, el concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, que en sus perfiles recordó cómo de parte del Ejecutivo se han utilizado recursos provenientes de los tributos nacionales para financiar a lo que considera son cuestionados personajes: que, a la par de las funciones endilgadas para sus objetos contractuales, han aprovechado su posición para arremeter contra miembros de los partidos de oposición al Gobierno Petro.
“Abuso es obligar a darle plata de la pauta a los bodegueros e influenciadores como Levy Rincón y Wally”, señaló Briceño, que se ha convertido en uno de los denunciantes de la política del Gobierno de contratar creadores de contenido para promocionar los éxitos del presidente; pero, sobre todo, para defenderlo de los ataques de los sectores opositores frente a los sonoros escándalos que sacuden a su administración y ponen en duda los logros de su gestión.
De acuerdo con las cifras del cabildante distrital, al corte de junio de 2025, más de $2.300 millones habría invertido el gobierno Petro en bodegas de influenciadores. En los primeros meses, se invirtieron más de $56 millones en influenciadores, cifra que ascendió a $707 millones en las operaciones de redes sociales y que en 2024 superó los $1.379 millones; para 2025, las renovaciones de estos servicios ya superan los $193 millones de pesos.
El magistrado Alberto Montaña, en su argumentación, afirmó que el derecho a la libre competencia económica conlleva obligaciones para quienes la ejercen. Al referirse a la contratación pública, precisó que este principio garantiza condiciones equitativas para todos los posibles adjudicatarios, excepto cuando la legislación otorga una ventaja competitiva respaldada por la Constitución; en una situación que en este caso se considera contrariada.
“El hecho de que se haya dispuesto que la destinación del presupuesto (...) se hiciera ‘sin perjuicio de la observancia del Estatuto de Contratación Pública’ no otorga legalidad a la directriz”, se enfatizó. Así pues, se hizo énfasis en un punto crucial, pues “esa aclaración no solo resultaba insuficiente, sino abiertamente contradictoria, pues la directiva en sí misma implicaba la vulneración de principios esenciales del Estatuto, como la selección objetiva y la planeación”.
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