Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

La visita a Colombia de un corresponsal de la revista estadounidense Time, en una colaboración periodística con la Amazon Underworld (un proyecto transfronterizo que ofrece una visión global sobre el ecosistema criminal en la Amazonía, explicó la Fundación Gabo) dejó un testimonio directo sobre los desafíos actuales en torno al narcotráfico, el conflicto armado y las negociaciones por la paz en las regiones fronterizas del sur del país.

En el artículo titulado Ending Colombia’s Cocaine Conflict Hinges on Negotiating With “21st Century” Guerrillas (El fin del conflicto de la cocaína en Colombia depende de las negociaciones con las guerrillas del “siglo XXI”), el corresponsal acompañó a Jairo Marín, también conocido como Popeye, al cruzar en lancha rápida el río San Miguel —frontera natural entre Colombia y Ecuador— para reunirse con una de sus unidades armadas.

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Marín, un hombre de poco más de cincuenta años, es el actual jefe negociador de los Comandos de la Frontera, una organización armada que define como una “guerrilla del siglo XXI” y que domina extensos cultivos de coca en la región amazónica.

De acuerdo con el reportaje, los Comandos de la Frontera han ocupado un papel protagónico en el escenario de las negociaciones impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca acuerdos con actores armados considerados clave para avanzar en los diálogos de paz y en los esfuerzos para frenar el narcotráfico.

“El Estado con su fuerza militar y policial no puede hacer muchas cosas. Nosotros sí podemos”, afirmó Marín en diálogo con el magazine norteamericano.

La presión es extrema. A menos de un año para el fin de su mandato, Petro enfrenta la urgencia de pactar resultados concretos.

Esto lo preceden las cifras por los cultivos de coca que batieron récords en 2023 al superar las 625.000 acres. Por todo esto el gobierno de Estados Unidos mantuvo amenazas de recortar la ayuda militar por incumplimientos en la lucha antidrogas.

Durante la visita Marín detalló que su grupo, equipado con uniformes y armas de asalto, está compuesto por alrededor de 1.200 combatientes. La estructura integra exintegrantes de las Farc, antiguos soldados, paramilitares y nuevos reclutas, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas. “Controlamos muchas cosas”, insistió Marín en la entrevista.

Al norte del río, la región aparece cubierta por extensos cultivos de coca; al sur, territorio protegido de los Cofán (un pueblo indígena), en el Ecuador.

El medio estadounidense constató sobre el terreno la manera en la que la guerra interna de Colombia ha dejado de tener un carácter estrictamente ideológico.

El corresponsal Bram Ebus explicó que la violencia ahora obedece principalmente a intereses de economías ilegales, gestionadas por redes transnacionales sofisticadas que operan como “estados paralelos”, regulando el tránsito de personas, dictando justicia y controlando a la población con violencia y amenazas.

En Putumayo, donde se calcula que existen más de 123.000 acres de cultivos de coca, los Comandos y otras organizaciones cruzan con facilidad hacia Ecuador y Perú para eludir las operaciones de las fuerzas armadas. La cocaína de esta región sale hacia puertos del Pacífico y se transporta por ríos hacia Brasil, funcionando tanto como destino final como punto de tránsito hacia África y Europa.

Asimismo y tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Farc, se detalla que la desmovilización dejó un vacío de poder. Más de 500 excombatientes de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fueron asesinados tras deponer las armas, y por ende, esto llevó a Marín y su entorno a reagruparse.

“Vamos a unirnos, a armarnos de nuevo porque no podemos dejar que nos maten. Así comenzó la organización”, señaló “Popéye”, explicando cómo dieciséis personas fundaron el grupo en 2017, formalizándolo como Comandos de la Frontera en 2020.

El resultado de este nuevo dominio ha repercutido en las poblaciones locales. Por tal razón, autoridades comunitarias bajo condición de anonimato, describieron al mismo medio cómo los Comandos de Frontera reclutan menores, ejecutan asesinatos selectivos y mantienen el control mediante la presión directa sobre las juntas locales.

“El enemigo ya estaba en nuestra casa y no lo notamos”, confesó un líder indígena a la publicación.

Los líderes del grupo armado, que afirman ser “regionalistas”, han formulado una plataforma denominada de “transformaciones territoriales”, con la que dicen estar dispuestos a abandonar la economía ilegal de la coca y la actividad armada, con la condición de que el Estado garantice seguridad y oportunidades legales para la población. “Estamos abiertos al cambio si el Estado cumple”, dicen en su agenda negociadora.

El corresponsal también conversó con Armando Novoa, representante del Estado en la mesa de diálogo, y él le afirmó: “En los diálogos con los Comandos hemos acordado la necesidad de superar la hegemonía de las economías ilegales ligadas a la coca y la minería ilegal en estas zonas”.

Además, Novoa explicó el objetivo de una transición de la economía ilícita a actividades legales, insistiendo en que “seguridad y diálogo deben ir de la mano. La presencia estatal no puede depender únicamente de la represión armada”.

Cocaleros de la región dijeron al corresponsal que muchos de ellos aspiran a sustituir la coca por cultivos alimentarios, pero requieren títulos de propiedad, crédito y acceso al mercado.

“La coca trae violencia, muerte, muchos problemas. Por eso queremos transformar las cosas”, dijo un productor de Putumayo. Sin embargo, los intentos previos han fracasado por la falta de fondos, obstáculos burocráticos y fallos en los componentes técnicos de los proyectos de sustitución.

La funcionaria Gloria Miranda, directora nacional del programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, comentó que la actual coordinación entre la política antidrogas y la paz total es fundamental para lograr resultados sostenibles.

“El Estado debe recuperar el control mediante políticas sociales y vías no violentas. El poder militar es solo una dimensión”, explicó Miranda en la entrevista.

Asimismo, la funcionaria del Gobierno Petro precisó que los Comandos de la Frontera han permitido la implementación de los programas de sustitución de cultivos, algo que no ocurría con grupos armados anteriores.

“Vemos positivamente que el grupo no se opone y en realidad quiere que el programa avance sin confrontaciones ni amenazas”, sostuvo la funcionaria.

El proceso —se resalta en el análisis que plantea el artículo— debe arrojar resultados tempranos, dado que el gobierno de Petro enfrenta la recta final de su periodo y la inestabilidad política podría poner en riesgo los compromisos alcanzados.

Marín por su parte, aseguró estar dispuesto a continuar las negociaciones incluso con un eventual cambio de gobierno: “Si no logramos acuerdos concretos o parciales, llegaremos hasta donde nos permitan”.

Por último, se concluyó el recorrido relatando la postura de Marín, que, a pocos metros de la frontera con Ecuador, sintetizó la relación de su organización con el Estado.

“Nuestra política desde la fundación es que no atacaremos al Estado, pero si nos atacan, nos defenderemos”, cerró “Popéye”.