Proyecto de ley de sometimiento a la justicia ya tiene ponentes en la Comisión Primera de la Cámara: así arrancará la discusión

El Congreso dio el martes 19 de agosto de 2025 el primer paso para la discusión del proyecto de ley que busca el sometimiento a la justicia de organizaciones al margen de la ley. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes designó a los ponentes que liderarán el primer debate de la iniciativa, cuyo objetivo es establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento de estos grupos, consolidar la Paz Total y fortalecer la seguridad ciudadana.

La lista de congresistas seleccionados como ponentes incluye a Alirio Uribe Muñoz, Ana Paola García, Álvaro Leonel Rueda, Santiago Osorio, Luis Alberto Albán, Julio César Triana, José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo, Juan Daniel Peñuela y James Hermenegildo Mosquera. Ellos tendrán de un plazo de 15 días para presentar informe de ponencia, según se determina en estos casos, según la mesa directiva de la comisión y, en sí, el reglamento interno.

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El proyecto de ley número 002 de 2025 fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett; el titular del Interior, Armando Alberto Benedetti y el representante Ermes Evelio Pete. La iniciativa busca crear un marco legal que permita diferenciar el tratamiento penal para las organizaciones al margen de la ley, facilitar su desmantelamiento y avanzar hacia la consolidación de la Paz Total, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la diferenciación de mecanismos según el tipo de organización. Para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia, se prevé un reconocimiento de carácter político, lo que implica un enfoque especial en los procesos de negociación y sometimiento.

En contraste, para bandas criminales como el Clan del Golfo, que también se conoce como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el proceso será estrictamente judicial, y estará orientado al sometimiento a la justicia bajo condiciones específicas.Así lo explicó en su momento el ministro Montealegre, que ejerció como fiscal General entre 2012 y 2016, y que llegó al Ejecutivo en reemplazo de Ángela María Buitrago, que dejó la dependencia por diferencias con el presidente.

Los grupos que decidan acogerse al proceso deberán demostrar cooperación efectiva con las autoridades, además de entregar sus armas y contribuir al desmantelamiento de sus estructuras. De la misma manera, los incentivos contemplados estarán sujetos al cumplimiento de compromisos como el cese de ataques contra la población, la contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y la reintegración efectiva de sus miembros a la sociedad.

Durante la presentación de la iniciativa, Montealegre indicó que el propósito de la ley no es otorgar recompensas a quienes han delinquido, sino dotar al Estado de herramientas legales para poner fin a la violencia y proteger a las comunidades. El funcionario recalcó que no se permitirá la impunidad y que la normativa garantizará la existencia de penas privativas de la libertad para quienes se sometan, asegurando así un equilibrio entre justicia y paz.

Antes de su radicación en la Comisión Primera, el proyecto recibió el aval del Consejo Superior de Política Criminal, lo que reforzó, de acuerdo con sus promotores, su viabilidad jurídica y política en el proceso legislativo. Luego de que se presente el informe de ponencia, la propuesta continuará su trámite en el Congreso; en un proceso que necesitará que supere cuatro debates, dos en la Cámara y dos más en el Senado para que se convierta en ley de la República.