El miércoles 20 de agosto, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió apartar a la magistrada Alba Lucía Velásquez del proceso que se adelanta contra la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
La decisión, que se venía discutiendo desde la semana pasada, fue adoptada tras la recusación presentada por el abogado Hollman Ibáñez, quE argumentó que la togada nunca declaró como impedimento su participación como testigo electoral en esa contienda.
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En el marco judicial colombiano, una recusación es el mecanismo mediante el cual las partes solicitan apartar a un juez o magistrado de un proceso, alegando que existen motivos que pueden comprometer su imparcialidad.
La votación inicial había terminado 5–3 a favor de aceptar la recusación, pero el reglamento del tribunal exige un mínimo de seis votos para que el resultado sea vinculante. En consecuencia, se sortearon dos conjueces, quienes finalmente ratificaron la solicitud y concluyeron que Velásquez debía ser retirada del expediente.
La votación, en esta etapa, fue de 7 magistrados en favor de la recusación y 2 en contra. En ese sentido, el hecho de que hubiera sido testigo electoral en 2022 fue considerado suficiente para cuestionar su neutralidad y derivar en su retiro del expediente.
Con esta decisión, los sectores cercanos al Gobierno pierden un voto estratégico en un proceso que aún no llega a sentencia, pero que tiene un peso político de gran calado.
Hasta el momento, los magistrados investigadores Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) no han radicado la ponencia que determinará la suerte del caso. Se espera que el documento supere las 500 páginas y respalde la tesis de que la campaña sí violó los topes de financiación electoral.
En contraste, desde el círculo de defensa de la campaña presidencial de Petro se sostiene que los términos de la investigación ya caducaron, pues han transcurrido más de tres años desde las elecciones de 2022. Sin embargo, los investigadores replican que el reloj procesal se detuvo mientras la Corte Constitucional resolvía si el CNE tenía o no competencia para indagar sobre el presidente en ejercicio.
Ese alto tribunal finalmente determinó que no era posible investigar al jefe de Estado, por lo que el expediente se limitó al gerente de campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los auditores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; además de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Nuevo equilibrio de fuerzas en el tribunal electoral
La salida de Alba Lucía Velásquez reacomoda las cargas políticas al interior del CNE. Ahora, Fabiola Márquez queda como la única magistrada nominada por el Pacto Histórico, mientras que Álvaro Echeverry, avalado por el Mira y cercano a sectores oficialistas, podría inclinar su voto hacia la tesis de la caducidad. A ese bloque se sumaría el liberal Altus Baquero, también partidario de considerar vencidos los términos.
Del otro lado, con posturas más duras frente a la campaña, se encuentran Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Maritza Martínez (Partido de La U), quienes respaldarían la imposición de sanciones.
En este escenario, el proceso se convierte en una especie de pulso político dentro del CNE, que podría marcar un precedente en la regulación del financiamiento de las campañas en Colombia.
La salida de Alba Lucía Velásquez no resuelve el debate de fondo, pero sí reconfigura la correlación de fuerzas dentro del CNE en un proceso que podría convertirse en un hito para la supervisión de las campañas electorales en Colombia. Mientras la ponencia definitiva se radica, el Gobierno pierde un voto clave, la oposición gana terreno, y el futuro jurídico de la campaña presidencial de Petro se mantiene en suspenso.
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