Los recientes llamados de Nicolás Maduro para redoblar la lucha directa contra bandas violentas en la frontera colombo-venezolana se suman a una serie de afirmaciones surgidas tras el intercambio de declaraciones entre ambos países.
El líder del régimen venezolano enfatizó en la necesidad de “seguir tendiendo la mano a Colombia, a la gente de a pie, a la gente que quiere paz, a la gente que quiere que la frontera sea cada vez mejor y funcione mejor”. La noticia cobra relevancia en el contexto de acusaciones cruzadas sobre la seguridad y el control territorial en la zona limítrofe.
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Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, declaró tener garantía de que “todas las fronteras que el país comparte con Colombia están resguardadas, cuidadas al extremo” por parte de las fuerzas policiales y militares venezolanas.
Cabello, sin embargo, sostuvo que “lamentablemente, no podemos decir eso del lado colombiano”, subrayando que, según él, la protección en Venezuela es fruto de la experiencia positiva de los cuerpos de seguridad desplegados.
En una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sostuvo estas declaraciones y que la vigilancia es total, aunque “del lado colombiano” las condiciones no serían equivalentes.
Las declaraciones de Cabello coinciden con una reciente alusión del presidente Gustavo Petro a la complejidad del conflicto en la zona limítrofe, vinculando a la Segunda Marquetalia, uno de los grupos disidentes más grandes de las extintas Farc, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con actividades armadas en ambos países.
Petro manifestó que era “importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo”, señalando un reclamo directo al Ejecutivo venezolano respecto a la acción de grupos armados ilegales de origen colombiano que, según su visión, mantienen actividad en suelo venezolano.
En su pronunciamiento, el presidente colombiano también argumentó que “decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados. La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los Estados sino, como al estilo traqueto (persona mafiosa), sobornar (a) oficiales y funcionarios de ambos Estados”.
Además, Petro recalcó: “Para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios”.
Frente a estas acusaciones, Diosdado Cabello puntualizó que la “guerra” del Gobierno colombiano contra “grupos irregulares, paramilitares” constituye un fenómeno “histórico” y afirmó que tales disputas “no tienen nada que ver” con Venezuela.
Destacó que en días recientes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha destruido “más de cinco intentos de armar campamentos” dedicados al narcotráfico en el lado venezolano.
Además, expresó su disposición a continuar la cooperación transfronteriza: “Venezuela humildemente está a la orden de Colombia. Este es un trabajo sin descanso, de todos los días, de entender la vulnerabilidad de esa frontera”.
La tensión verbal surge tras la activación de la zona económica binacional número uno, un mecanismo creado por Colombia y Venezuela en julio pasado para impulsar el desarrollo transfronterizo y optimizar la cooperación.
Mientras ambos gobiernos insisten en el discurso de colaboración, los recientes pronunciamientos reflejan la persistencia de dificultades estructurales para consolidar el control territorial y combatir las economías ilícitas en una de las fronteras más activas y conflictivas de Sudamérica.
Venezuela refuerza frontera con Colombia y activa zona económica binacional
El reciente anuncio de Nicolás Maduro sobre el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano bajo un autodenominado “plan de paz” marca un nuevo capítulo en la estrategia de resistencia del régimen frente a la presión internacional.
El mandatario subrayó que la milicia bolivariana debe encontrarse “preparada, activada y armada”, en un contexto donde la tensión con Estados Unidos se intensifica: la recompensa ofrecida por Washington para su captura asciende a 50 millones de dólares, mientras el refuerzo militar estadounidense en el Caribe incluye 4.000 infantes de Marina, aviones, barcos y destructores frente a las costas venezolanas.
Este despliegue coincide con la reciente confiscación de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Maduro, según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y con las acusaciones de narcotráfico que lo señalan como líder del Cartel de los Soles.
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