Abogado Víctor Mosquera señaló a Iván Cepeda de instrumentalizar a la Cancillería: “Uso arbitrario de recursos públicos para fines personales”

La solicitud del senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que gestione ante las autoridades de los Estados Unidos una confirmación oficial sobre la existencia de eventuales investigaciones en su contra generó todo tipo de reacciones en el país.

Uno de ellos fue el abogado Víctor Mosquera Marín que, en un comunicado emitido el miércoles 20 de agosto, calificó la petición del congresista del Pacto Histórico como una “instrumentalización” de la Cancillería, y alegó que este sería un uso indebido del aparato estatal y de los canales diplomáticos, lo que, a juicio de la firma, vulnera la neutralidad institucional.

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“La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechaza de manera enfática el derecho de petición presentado por el senador Iván Cepeda Castro ante la Ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, mediante el cual solicita se gestione ante autoridades de los Estados Unidos la confirmación sobre la existencia de investigaciones judiciales en su contra”, sostiene el jurista en el comunicado.

Además, enfatiza que dicha solicitud “constituye una instrumentalización indebida de la Cancillería y un uso indebido del aparato estatal y de los canales diplomáticos para fines particulares, que vulnera su neutralidad institucional y excede su marco legal de competencias, conforme al artículo 209 de la Constitución y al Decreto 869 de 2016”.

De igual forma, la firma sostiene que la acción implica “un uso arbitrario de recursos públicos para fines personales”, lo que, en su opinión, desnaturaliza la función diplomática del Estado colombiano.

Igualmente, Mosquera Marín aseveró que “si el señor Iván Cepeda está siendo objeto de alguna investigación por parte de autoridades de los Estados Unidos, corresponde a él asumir personalmente su defensa legal, mediante la contratación de abogados en ese país, y no pretender que el Estado colombiano subvencione o gestione actuaciones judiciales que son de carácter estrictamente personal y ajenas a sus funciones públicas”.

Por último, el abogado hizo una advertencia sobre los riesgos de la politización de la justicia y la utilización indebida de la función pública, subrayando la importancia de mantener la separación entre intereses personales y el ejercicio de la función estatal.

“Nuestra firma reitera su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la legalidad y la garantía del debido proceso frente a cualquier intento de politización de la justicia o de utilización indebida de la función pública”, concluyó.

A través de su cuenta de X, el senador Iván Cepeda y su abogado Miguel Ángel del Río hizo público el derecho de petición enviado a la canciller (e) Rosa Villavicencio, tras conocerse informes periodísticos que los vinculan con presuntos actos delictivos relacionados con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y enfatizaron en que de existir información, solicitan su entrega, dentro de lo permitido por la ley estadounidense.

“Le solicitamos a la ministra de Relaciones Exteriores (e), Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, que, por su intermedio, las autoridades de los Estados Unidos de América nos informen si existe o no alguna investigación en contra nuestra, por parte de estas agencias o el Departamento de Justicia. En caso afirmativo, si las leyes de los Estados Unidos lo permiten, se nos suministre la información disponible”, indicó.

La solicitud surge tras la difusión de información publicada el 17 de agosto por el periodista Daniel Coronell, en la nota “EL PACTO DEL COUNTRY”, donde se reporta la realización de una reunión el 14 de mayo de 2025 en el Country Club de Bogotá.

Según lo divulgado, en ese encuentro el abogado Diego Javier Cadena Ramírez habría promovido un plan para desacreditar y criminalizar a Cepeda y Del Río, buscando persuadir al expolicía Manuel Castañeda, alias ‘Narcochofer’, para vincularlos falsamente a una operación de narcotráfico.

“Cadena le ofreció a Castañeda, quien está libre por un principio de oportunidad, conseguido por su abogado Miguel Ángel del Río, que declarara contra su defensor y contra Iván Cepeda. En contraprestación le gestionaría protección y beneficios económicos en Estados Unidos”, se lee en el informe periodístico.

Del mismo modo, Cepeda y Del Río sostienen que estas maniobras forman parte de una campaña mediática impulsada en las últimas semanas por Tomás Uribe Moreno, empresario e hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el partido Centro Democrático.

“De manera sistemática, han intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro con la extinta guerrilla de las Farc y con el narcotráfico. Así como, con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia, en la que se le acusa falazmente de “lavado de activos provenientes del narcotráfico”, y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos”, explicaron en el derecho de petición.

Durante el curso del caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, diversas figuras públicas han estado expuestas a señalamientos y maniobras judiciales, incrementando la alerta en sectores políticos y jurídicos del país.