El proceso penal que se surtió en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante varios años y que derivó en una sentencia condenatoria de 12 años de prisión domiciliaria, ha dividido a ciudadanos, políticos y hasta abogados. Algunos opinan que el ex jefe de Estado recibió una sentencia justa, que se acopla a la ley colombiana y que demuestra su culpabilidad en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal; otros creen que la condena fue equivocada y que, además, estuvo basada en irregularidades procesales.
Frente a este debate, el abogado Santiago Trespalacios, que ha representado a figuras políticas reconocidas en el país como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, explicó por qué considera que la situación jurídica en la que se encuentra el exmandatario es errada. En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, el profesional en Derecho aseguró que su postura se centra en la validación de pruebas.
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La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, aceptó como pruebas varias interceptaciones que se hicieron a la línea telefónica de Álvaro Uribe, a pesar de que las escuchas iban dirigidas a otra persona: el ex representante a la Cámara Nilton Córdona Manyoma, condenado por el “cartel de la toga”. “Las interceptaciones telefónicas de Uribe fueron ilícitas”, precisó Trespalacios en la entrevista.

Con base en ese material, en otras pruebas y en los testimonios de decenas de personas escuchadas durante el juicio oral, la togada emitió un fallo condenatorio, señalando a Uribe como responsable de ser el determinador de acciones ilícitas que se cometieron a través del abogado Diego Cadena, que representó al expresidente en su momento.
La postura de la jueza Heredia difiere de la del juez Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El togado condenó a Cadena por el delito de soborno en actuación penal por hechos relacionados con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pero que lo absolvió de otros dos cargos relacionados con supuestos sobornos que habría hecho al también exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
Comparando el trabajo de los dos jueces –el que llevó el caso de Cadena y la que llevó el caso de Uribe–, afirmó que el trabajo más acertado lo llevó a cabo el primero. Además, desde su perspectiva profesional, considera que los proceso penales contra el expresidente y su exabogado no debieron realizarse. De hecho, indicó que nunca debió existir una judicialización.

“Creo que lo hizo mejor el juez de Diego (…). Desde ese punto considero que tanto Diego Cadena como Álvaro Uribe no debieron haber sido judicializados, y este caso debió haber muerto hace mucho tiempo en virtud de algo que conocemos como la cláusula de exclusión. Es decir, que lo que se realiza de manera ilícita no puede ser usado en un proceso penal”, precisó.
Una posición “política” de Miguel Ángel del Río
La postura del abogado también es distinta de la de Miguel Ángel del Río, profesional en Derecho que representa a algunas de las víctimas en el proceso contra Uribe. Pues, en una entrevista con Eva Rey, Del Río aseguró que las interceptaciones al teléfono del expresidente, en las que se escucharon conversaciones con su exabogado Cadena, son válidas porque se presumió la existencia de acciones ilícitas. En ese sentido, la protección de conversaciones entre cliente y abogado pasa a un segundo plano.

Aseguró, incluso, que si llega a perder un caso por una situación de este tipo, lo aceptaría. Sin embargo, según Santiago Trespalacios, su postura es equivocada y sobre todo política. “Yo creo que eso le hace mucho mal a nuestra profesión. Miguel del Río es a la izquierda, lo que Abelardo de la Espriella es a la derecha, y con ninguno de los dos personajes puedo estar de acuerdo”, dijo.
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