Una reciente sentencia del programa de Justicia y Paz dejó al descubierto la compleja estructura de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y reveló la participación de un mercenario israelí, Yair Klein, en el entrenamiento de paramilitares con la presunta colaboración de oficiales del Ejército colombiano.
El fallo, que involucra a 21 exintegrantes de este grupo armado, muestra cómo se consolidó un entramado criminal con impacto en más de 665 municipios de treinta departamentos del país, de acuerdo con el medio El Tiempo.
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Según la sentencia, hasta 2002 las finanzas de las autodefensas dependían directamente de la comandancia del Bloque y, en caso de faltantes, la comandancia mayor debía cubrirlos.
De acuerdo con el medio citado, esto evidencia la magnitud y organización financiera que alcanzó el grupo, que pasó de presentarse como una defensa frente a la guerrilla a convertirse en una maquinaria de control territorial y narcotráfico.
El documento judicial describe cómo la alianza entre las autodefensas y oficiales del Batallón Bárbula permitió la comisión de 277 conductas criminales en 21 hechos, con un saldo de más de 187 víctimas.
El entramado se desarrolló en un contexto de debilidad institucional, concentración de tierras, presencia guerrillera y ausencia del Estado, factores que facilitaron la aparición de organizaciones armadas lideradas por figuras como Isidro Carreño y Gonzalo Pérez.
Un punto clave de esta estructura fue la creación, en 1984, de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), una fachada utilizada por los hermanos Henry y Gonzalo Pérez para captar recursos, establecer alianzas políticas y dar aparente legalidad a sus operaciones.
Bajo este paraguas, las autodefensas organizaron un sistema de control social, inteligencia y asistencia comunitaria que se complementó con un fortalecimiento bélico sin precedentes.
La figura de Yair Klein, mercenario israelí, resultó determinante en la formación de los paramilitares.
Desde la Escuela Cincuenta en Puerto Boyacá, Klein y otros mercenarios introdujeron tácticas de combate avanzado, manejo de explosivos y métodos de exterminio selectivo.
En una audiencia de Justicia y Paz realizada el 13 de noviembre de 2012, Klein aseguró que mantuvo contacto con coroneles, altos mandos militares y autoridades locales.
“Se concibe como un combatiente y no como un asesino, y asegura haber entrado al país de forma legal y con el convencimiento pleno de actuar de acuerdo con las normas colombianas”, afirmó.
La Sala, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia Molina, ordenó ahora a la Fiscalía investigar los vínculos de Klein con oficiales del Batallón Bárbula y las autoridades locales, según el diario bogotano.
La decisión busca esclarecer las afirmaciones del mercenario sobre la coordinación con altos mandos militares y políticos durante su estancia en Colombia, que en su momento no fueron objeto de investigación.
El fallo también dedica un capítulo a las exacciones o contribuciones arbitrarias —llamadas bonos, impuestos de guerra o vacunas— que, según testimonios de exparamilitares como Arnubio Triana Mahecha, constituyeron una política sistemática del grupo.
La Sala señaló que estas prácticas “fueron sistemáticas y generalizadas”, afectando a toda la población, sin distinción de edad, salud o capacidad económica.
Según Ambrosio Sánchez Amado, no existió una sola línea de mando, sino 39 estructuras que operaron en 665 municipios de 30 departamentos.
Los testimonios de las víctimas reflejan el impacto devastador de estas prácticas. Virginia Rojas de Rincón relató cómo su esposo debía pagar cuotas por dos fincas y alojar constantemente a los paramilitares.
Su hijo, Javier, recordó el daño psicológico: “Los niños se metían debajo de la cama… quedamos marcados en la vereda”. Otros relatos, como el de Elizabeth Mora González, evidencian la estigmatización y el sufrimiento de las familias, que fueron humilladas y obligadas a colaborar con el grupo armado.
La sentencia documenta también la colaboración con unidades militares como el Batallón Luciano D’Elhuyar en San Vicente de Chucurí, que facilitó el suministro de armas, inteligencia y coordinación operativa.
Esto permitió a las autodefensas operar con impunidad y consolidar un dominio territorial pocas veces visto en Colombia.
Por haberse acogido a Justicia y Paz, ninguno de los 21 exparamilitares sentenciados deberá cumplir más de ocho años de prisión.
Entre ellos se encuentran John Fredy Gallo Bedoya, Adriano Aragón Torres, Álvaro Sepúlveda Quintero, Ambrosio Sánchez Amado y Saúl Arnoldo Ceballos Morales, entre otros.
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