“Esta práctica sugiere un posible uso irregular de la tercerización para diluir la responsabilidad patronal”, advirtió la viceministra de relaciones laborales Sandra Muñoz, al referirse a la situación detectada en las tiendas Olímpica.
La afirmación, recogida por Portafolio, pone en el centro del debate la forma en que la cadena de supermercados estructura la contratación de su personal y las implicaciones que esto tiene para el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
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El Ministerio de Trabajo, encabezado por Antonio Sanguino, ha intensificado la supervisión sobre las operaciones de Olímpica en todo el país.
Según el propio Sanguino, la intervención responde a las denuncias presentadas por empleados de las Supertiendas, que motivaron la apertura de investigaciones en las 16 direcciones regionales de la entidad.
El objetivo principal de esta acción, según explicó el ministro en declaraciones recogidas por Portafolio, es verificar el grado de cumplimiento de la nueva reforma laboral en una de las cadenas de supermercados más grandes del país.
Durante la inspección, que abarcó 56 tiendas a nivel nacional, los funcionarios del Ministerio identificaron una estructura de contratación que, en palabras de la viceministra Muñoz, constituye uno de los hallazgos más relevantes en materia de derechos laborales.
El dato más llamativo es que solo el 10% de los trabajadores de las tiendas inspeccionadas mantiene un contrato directo con la empresa, mientras que el 90% restante se encuentra vinculado a través de empresas terceras.
Esta proporción, según la funcionaria, revela una presunta intermediación laboral que podría ser considerada ilegal bajo la legislación actual.
El ministro Sanguino subrayó que la actuación del Ministerio se enmarca en sus competencias de inspección, vigilancia y control, y que la prioridad es garantizar que las dinámicas económicas y productivas del país se fundamenten en el trabajo digno.
“El reclamo de trabajadoras y trabajadores de las Supertiendas origina esta acción del Ministerio del Trabajo que en todo caso corresponde a las competencias en materia de inspección, vigilancia y control. A este Ministerio le corresponde garantizar nuestro aparato productivo, las dinámicas económicas en todos los sectores de producción se fundamenten en el trabajo digno”, afirmó Sanguino, según Portafolio.
La investigación del Ministerio, motivada por las quejas de los empleados y la preocupación por el respeto a los derechos laborales, ha puesto en evidencia la magnitud de la subcontratación en Olímpica.
La viceministra Muñoz detalló que “nos sorprendió que tiendas olímpica tiene solo el 10% de su personal vinculado de manera directa, eso es igual a decir que el 90% del personal que está en las tiendas olímpicas es personal tercerizado o intermediación laboral ilegal”.
El caso de Olímpica se convierte así en un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrenta la autoridad laboral para hacer cumplir la reforma y evitar que la tercerización se utilice como mecanismo para eludir responsabilidades patronales.
Olímpica responde a inspecciones laborales y niega irregularidades
Fuad Char, presidente del Grupo Olímpica, señaló que Colombia requiere una reconstrucción a partir del 7 de agosto de 2026, debido a decisiones que, en su opinión, afectan el desarrollo económico y han impactado sectores como la salud y la construcción.
Según Char, la parálisis en vivienda ha reducido la venta anual de unidades y genera una percepción distorsionada de la economía. En este contexto, Olímpica, cadena de hipermercados propiedad de la familia Char, emitió un comunicado el 7 de agosto de 2025 tras inspecciones del Ministerio de Trabajo en 60 establecimientos.
La empresa aseguró que no ha recibido notificaciones oficiales sobre quejas individuales y ratificó su disposición a colaborar y entregar información clara a las autoridades, valorando el papel de vigilancia sobre los derechos laborales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que las inspecciones responden a denuncias de trabajadores y negó cualquier motivación política hacia Olímpica o la familia Char.
Aclaró que el procedimiento busca mejorar las condiciones laborales y no involucra persecución. Las acciones se han dado en paralelo a amenazas del ELN contra tiendas D1, episodios rechazados por el Ministerio. En 2023, Supertiendas y Droguerías Olímpica registró ingresos operacionales de $7,8 billones y utilidades de $52.183 millones, con una caída significativa respecto al año anterior.
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