En un nuevo golpe contra el patrimonio ilegal de estructuras criminales, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la recuperación de 29 predios rurales que suman más de 2.700 hectáreas de tierra en el municipio de Magangué, Bolívar.
Estos terrenos, que habían estado en manos de la fallecida Enilce López, alias La Gata, su esposo Jorge Luis Alfonso López y su hijo, el exsenador Héctor Julio Alfonso López, pasarán ahora a manos de 401 familias campesinas como parte de los esfuerzos del Gobierno nacional para impulsar la reforma agraria.
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La acción fue ejecutada por la SAE en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte de una estrategia integral para convertir los bienes provenientes del crimen organizado en motores de desarrollo social y económico para las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la desigualdad en la distribución de la tierra.
“Estamos rompiendo mitos”
Desde los mismos predios recuperados, el director Territorial Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, resaltó el significado histórico de la acción:
“Por directrices de la doctora Amelia Pérez, presidenta de la SAE, y en el marco de las orientaciones del presidente Gustavo Petro, hoy rompemos un mito: que era imposible que entregáramos a la comunidad campesina los inmuebles que hacían parte del proceso de extinción contra Enilce López. Estamos garantizando el derecho a la tierra a través de una articulación con la ANT”, afirmó Avendaño.
Las tierras ya están siendo utilizadas por organizaciones campesinas para cultivos y proyectos productivos que permitirán a las familias reconstruir su economía después de décadas de abandono, violencia y despojo.
El legado oscuro de “La Gata”
Enilce López, conocida como “La Gata”, fue una poderosa empresaria del chance en la región Caribe, vinculada con estructuras paramilitares y redes de corrupción política. Durante los años 90 y 2000, amasó una fortuna multimillonaria con recursos ilícitos, según múltiples investigaciones judiciales.
Sus propiedades, entre ellas grandes extensiones de tierra en Bolívar y Sucre, fueron utilizadas no solo para actividades agroindustriales y ganaderas, también como fachadas para el lavado de activos y el fortalecimiento de su poder territorial a través de alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A pesar de haber sido condenada por concierto para delinquir y homicidio agravado, sus bienes han sido difíciles de recuperar por parte del Estado debido a redes de testaferros y complicaciones jurídicas.
Avance de la reforma agraria
La entrega de estos terrenos se suma a otras acciones recientes del Gobierno en el desarrollo de la reforma agraria integral. De hecho, el 12 de julio de 2025, la ANT anunció la recuperación de un predio de 268 hectáreas en San Benito Abad, Sucre, conocido como “Pasatiempo”, que también pertenecía al exsenador Héctor Julio Alfonso López, alias Gatico.
Alfonso López es investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, lavado de activos y financiación de campañas con recursos ilegales.
El director de la ANT, Felipe Harman, destacó que estas acciones representan un paso firme en la reparación de las víctimas del conflicto y en el avance hacia una justicia agraria real:
“La entrega de tierras provenientes de actividades ilícitas fortalece la justicia social para los campesinos. Es una forma de saldar una deuda que el Estado tiene con quienes han sufrido décadas de despojo y violencia”, señaló Harman.
En el corregimiento de Doña Ana, uno de los más cercanos a los predios recuperados, los campesinos recibieron la noticia con esperanza. Para Pedro César Pabuena, beneficiario de la entrega, el acceso a la tierra representó mucho más que una oportunidad agrícola:
“Aquí podemos llegar a pie. Y es algo que queríamos nosotros, tener una tierra donde cultivar. Esta tierra es nuestra economía, nuestra vida”, expresó.
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