Juicio a excabecillas de las Farc: JEP tendría listas las primeras sanciones en contra de los exintegrantes del secretariado, tras complejo proceso

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para anunciar las primeras sanciones contra exintegrantes del secretariado de las Farc por el delito de secuestro. El proceso, desarrollado durante siete años de investigación, resulta inédito en Colombia debido a la naturaleza restaurativa de las penas que serán impuestas a los antiguos jefes guerrilleros, en un caso que ha desatado la atención del país pues se trata de una organización al margen de ley.

De acuerdo con Noticias RCN, la decisión de la JEP proviene de un proceso judicial entendido como una respuesta a uno de los crímenes más graves y masivos del conflicto colombiano y que está contemplado en el macrocaso 01: la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP. Y que ha causado una serie de cuestionamientos sobre su eficacia para satisfacer las demandas de justicia de las víctimas.

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El tribunal, cabe destacar, fue creado tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y las Farc, con el objetivo de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la guerra. En este caso, los reflectores están puestos en los exmiembros del máximo órgano de dirección de las Farc, que dirigieron o consintieron la política sistemática de secuestros ejecutada por la organización durante décadas, y que afectó a todas las esferas de la sociedad.

De acuerdo con el magistrado de la sala de revisión, Camilo Suárez, en diálogo con el citado medio, la ruta elegida marcará distancia respecto a la justicia tradicional por carecer de referentes previos. Y se justifica frente a la necesidad de involucrar a los responsables en la reparación directa a las comunidades y a los que sufrieron las consecuencias de este flagelo a lo largo y ancho del territorio nacional.

“No existen antecedentes sobre el modelo, por lo que dentro de este listado se encuentran sanciones restaurativas como proyectos de memoria, desminado humanitario, obras comunitarias, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras que buscan perpetuar la memoria de las víctimas”, explicó el togado, que hizo énfasis en cómo estas determinaciones buscan, más que castigar a través de penas, procesos de reparación y verdad.

Entre las sanciones que la JEP impondrá a los exjefes de las Farc no figuraría la prisión. El tribunal optó por medidas que incluyen restricciones de derechos y libertades, así como la obligación de permanecer en espacios geográficos específicos donde deberán desarrollar actividades reparadoras; más no la decisión de que vayan a centros penitenciarios.

“No habrá sanciones de cárcel por lo que los exintegrantes se verán sometidos a restricciones de derechos y libertades en espacios geográficos, que determine el tribunal, en donde se llevarán a cabo las obras y actividades con contenido reparador”, explicó el magistrado Suárez al precisar que este tipo de sanciones, inéditas en el marco judicial colombiano, pretenden que los que dirigieron la política de secuestros participen en la reconstrucción del tejido social.

Además de la dignificación de la memoria de las víctimas, por intermedio de proyectos comunitarios, intervenciones en territorios afectados por el conflicto, acciones de memoria histórica y labores de búsqueda de desaparecidos, diseñadas para involucrar a los responsables en la mitigación de la deuda pendiente con los sufrieron estos crímenes.

La decisión ha generado fuertes reacciones en la sociedad colombiana debido a la percepción de que el modelo restaurativo podría dejar en la impunidad acciones consideradas atroces bajo estándares internacionales y nacionales. Desde diferentes sectores se ha insistido en la exigencia de justicia bajo los cánones tradicionales, como la prisión y separación de la vida pública para quienes lideraron la organización guerrillera.

Sobre todo cuando algunos de los sancionados han resultado elegidos en cargos representativos tras la desmovilización y hoy continúan participando de la política nacional. Entre los firmantes que están siendo procesados en este juicio se destacan Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, que en defensa insistieron que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

En lo concerniente a su participación en actividades políticas, el magistrado Suárez indicó a Noticias RCN que el futuro de los exjefes de las Farc sancionados no está completamente definido. “La sentencia lo que nos indicó, particularmente, por parte de la Corte Constitucional, tiene que ver con la compatibilidad del cumplimiento de la sanción y el ejercicio político. Es una decisión que tomará el tribunal en el momento de la sentencia”, aseveró.

Con esto abrió la posibilidad de que el tribunal determine si los sancionados podrán o no continuar en cargos de elección popular durante el periodo de cumplimiento de las penas restaurativas. En ese sentido, la preocupación sobre la destinación de los recursos económicos necesarios para ejecutar los proyectos restaurativos es una de las principales dificultades de la transición hacia este modelo de sanción, que no cuenta con jurisprudencia.

Según el magistrado Suárez, “los proyectos requieren de gran inversión por lo que, actualmente, no se cuentan con los presupuestos asegurados”. Así pues, la JEP, junto con entidades del Estado, ha iniciado un proceso de diálogo para garantizar que los fondos requeridos sean apropiados y así asegurar la factibilidad real de los compromisos restaurativos a los que serán sujetos los comparecientes, como parte del cumplimiento eficaz del Acuerdo de Paz con las Farc.

El modelo adoptado por la JEP contempla la participación directa de los siete exmiembros del secretariado de las Farc sometidos al tribunal, la Procuraduría General de la Nación, las víctimas de los secuestros y distintas instituciones del Estado. Con ello, busca fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre el desarrollo de las medidas, así como asegurar la representación de los han reclamado justicia durante años.