La situación de orden público en Caquetá se ha convertido en uno de los mayores retos de seguridad para las autoridades nacionales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en este territorio confluyen varias estructuras ilegales que mantienen atemorizada a la población mediante extorsiones, secuestros, atentados y actividades ligadas al narcotráfico.
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A través de un mensaje en su cuenta de X, el jefe de la cartera aseguró que la violencia en la región es impulsada por facciones de las disidencias de las antiguas Farc, dirigidas por alias Calarcá, alias Iván Mordisco y alias Iván Márquez.
Según explicó, estos grupos utilizan a la población civil como escudo, lo que complica las operaciones militares.
El ministro señaló que estas organizaciones recurren a distintos métodos para consolidar su control en la zona.
“Ataques cobardes y crímenes de lesa humanidad contra la población, extorsión y secuestro de campesinos, reclutamiento de menores de edad, tala indiscriminada de selva para cultivos ilícitos, contaminación de ríos a causa de la minería ilegal, constreñimiento, proselitismo criminal y amenazas a la población para que ataquen a la fuerza pública”, detalló Sánchez.
En este contexto, el Gobierno dio a conocer el cartel de los cinco integrantes más buscados de una de las facciones señaladas de delinquir en el departamento. Las recompensas anunciadas van desde los 50 hasta los 200 millones de pesos, dependiendo de la importancia de cada cabecilla dentro de la estructura.
Sánchez especificó en su publicación: “Alias ‘Urías Perdomo’: hasta $200 millones, alias ‘Albeiro Ramírez’: hasta $100 millones, alias ‘Pulpo’: hasta $50 millones, alias ‘La Morocha’: hasta $50 millones, alias ‘Juan Carlos’: hasta $50 millones”. Los señalados fueron identificados con sus nombres reales como Juan Antonio Agudelo Salazar, Ángel Joven Rojas, José Rodríguez Andrade, Juan Carlos Auner Restrepo y Diana Milena Agudelo Salazar, esta última la única mujer dentro del listado.
El ministro pidió la colaboración de la ciudadanía y recordó que la información puede suministrarse a través de las líneas 3143587212, 107 y 147, garantizando completa reserva sobre los datos que conduzcan a su captura.
La violencia en Caquetá ha sido marcada por hechos recientes que han tenido repercusión nacional. Entre ellos se encuentra la presencia en este territorio de alias Gabriela, mujer señalada de haber transportado el arma utilizada en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La mujer buscó refugiarse en la región, pero fue capturada por la Policía en Florencia.
El Gobierno insiste en que las disidencias se comportan como verdaderos carteles criminales, pues combinan operaciones de narcotráfico con intimidación y control territorial. El ministro de Defensa resaltó que su estrategia se basa en camuflarse entre la población para reducir el impacto de las operaciones militares, mientras sostienen economías ilícitas que financian sus actividades.
La presencia de alias Calarcá, considerado uno de los principales cabecillas en el sur del país, refuerza la preocupación de las autoridades. Su estructura ha sido vinculada con el reclutamiento de menores, la tala indiscriminada de bosque para expandir cultivos ilícitos y la explotación ilegal de minerales, generando un impacto social y ambiental de gran magnitud.
Además de las acciones militares y de inteligencia, el Ejecutivo ha optado por incentivar la denuncia ciudadana mediante la publicación del cartel de los más buscados. Según las autoridades, la información de los habitantes es fundamental para identificar rutas de movilidad, campamentos y contactos de apoyo logístico de estos grupos.
El anuncio de las recompensas fue acompañado de un llamado del Ministerio de Defensa para que la población confíe en las instituciones y denuncie cualquier movimiento sospechoso. La estrategia busca no solo la captura de los cabecillas, sino también debilitar las redes de apoyo que les permiten operar en zonas rurales y urbanas.
La combinación de actores armados ilegales en Caquetá refleja la complejidad de la violencia en el sur del país. A las estructuras de las disidencias se suman economías criminales que involucran minería ilegal, narcotráfico y actividades de extorsión, lo que mantiene una presión constante sobre comunidades campesinas e indígenas.
La captura de alias Gabriela en Florencia muestra cómo el departamento se ha convertido en un refugio para integrantes de distintas organizaciones ilegales que buscan evadir la acción de las autoridades. Su detención se considera un avance en las investigaciones sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay, aunque las operaciones en la zona aún enfrentan múltiples obstáculos.
El consejo de seguridad nacional prevé reforzar la presencia de la fuerza pública en municipios estratégicos del Caquetá. No obstante, el ministro Sánchez enfatizó que la colaboración ciudadana será clave para obtener resultados efectivos frente a un escenario en el que los grupos ilegales intentan consolidar dominio territorial.
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