Demandan ante la Corte Suprema a congresistas de la Comisión de Acusación por presunta omisión en caso contra Petro

El abogado Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda penal contra tres congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a quienes acusa de no dar trámite a la denuncia que interpuso en diciembre de 2024 contra el presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia.

“Los representantes Daniel Restrepo, Karyme Cotes y Juan Carlos Wills deben responder penalmente y disciplinariamente por omisión y abuso de poder, ya que no han dado trámite a la demanda que presenté, en el 2024, contra el presidente Petro”, afirmó Vargas Lleras en su anuncio público, divulgado a través de su cuenta en X.

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El demandante también radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los mismos congresistas, señalando que su conducta no puede entenderse como un simple retraso administrativo, sino como un incumplimiento grave del deber funcional con implicaciones legales.

El origen de esta controversia está en la denuncia penal que Enrique Vargas Lleras interpuso el 12 de diciembre de 2024 contra el presidente Petro. En su escrito, el denunciante sostiene que el mandatario hizo afirmaciones calumniosas en su contra y en contra de su familia, en particular sobre presuntos manejos irregulares en la Nueva EPS, de cuya junta directiva hizo parte.

“Por ejemplo, en sus afirmaciones, el señor Petro Urrego señala que, valiéndome de mi condición de miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS, oculté facturas para beneficio personal y de mi familia, imputándome falsamente la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares”, detalla la denuncia.

Vargas Lleras asegura que, además de estas acusaciones, el presidente lo vinculó públicamente con delitos graves como corrupción privada, utilización indebida de información privilegiada, homicidio y concierto para delinquir. Según el denunciante, en una publicación del 3 de diciembre de 2024, el jefe de Estado llegó a insinuar que él había tenido nexos con paramilitares y narcotraficantes para atentar contra líderes de izquierda.

“El tono que usa el presidente de la República en mi contra, se ha elevado a tal punto que, el pasado 3 de diciembre en su cuenta de X llegó a sugerir que me alié con paramilitares y narcotraficantes para asesinar líderes políticos de izquierda en Colombia”, se lee en el documento.

Para Enrique Vargas Lleras, estas imputaciones no solo lesionan su buen nombre, sino que también vulneran estándares mínimos de veracidad exigibles a un jefe de Estado. En su criterio, se trata de una conducta que configura los delitos de injuria y calumnia.

La controversia ahora se centra en la falta de actuación de la Comisión de Acusación, la cual tiene competencia exclusiva para conocer de procesos contra el presidente de la República. Vargas Lleras afirma que en dos oportunidades, durante 2025, presentó escritos de impulso procesal para que se diera trámite a su denuncia, sin recibir respuesta ni observar avances.

“Durante el año 2025, he presentado dos escritos de impulso procesal solicitando el trámite de la denuncia, sin obtener respuesta ni evidencia de actuaciones por parte de los representantes. Esta conducta configura, en mi criterio, una omisión dolosa en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que tienen dichos funcionarios como parte del órgano que ejerce funciones judiciales respecto del presidente de la República”, sostiene el documento.

En su nueva demanda, Enrique Vargas Lleras señala que los congresistas Restrepo, Cotes y Wills habrían incurrido en prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. “En el presente caso, la omisión sistemática e injustificada frente a un deber funcional obligatorio tramitar una denuncia penal- configura un acto arbitrario e injusto, ya que implica negar el acceso a la justicia, vulnerar el principio de legalidad y crear una apariencia de impunidad sobre hechos que ameritan control judicial. La injusticia surge, además, del hecho de que se trata de una denuncia contra la más alta autoridad del Estado”, enfatizó.

Además, la queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría se fundamenta en la presunta vulneración de principios esenciales como la eficiencia, la responsabilidad y la buena fe en el ejercicio de la función pública. Para Vargas Lleras, la omisión de los congresistas “amerita la apertura de investigación formal”.