Crisis en cárcel de Puerto Triunfo por el traslado de internos con tuberculosis a patios con privados de la libertad sanos

Durante la jornada del 17 de agosto de 2025 se difundió el dramático llamado de los internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Puerto Triunfo, que advierten sobre el riesgo de “abandono estatal” y exigen una intervención inmediata en el establecimiento, con el fin de evitar consecuencias de salubridad negativas.

En su denuncia pública, que fue difundida por medios como Alerta Paisa, los reclusos no solo alertan sobre la falta de agua potable y la entrega de “comida podrida”, sino que se refieren a la desnutrición, que se ha convertido en una amenaza dentro de la prisión. El mensaje está dirigido tanto a las autoridades nacionales como internacionales y expone una situación que, según los denunciantes, vulnera de manera directa sus derechos fundamentales.

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Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos, fue el encargado de difundir la información a través de un comunicado, que se centra en la presunta decisión de la dirección y el comando de vigilancia del penal de trasladar a más de 60 internos diagnosticados con tuberculosis a los patios 3 y 5, donde convivían con personas sanas.

Este hecho, habría ocurrido el viernes 15 de agosto, lo que desató alarma entre la población carcelaria, que considera que la medida expone a los reclusos no infectados a una enfermedad que es reconocida por su alta capacidad de contagio.

En el documento, los internos califican la acción como una “violación flagrante” de sus derechos, citando artículos de la Constitución Política de Colombia y las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, que establecen estándares internacionales para la protección de la salud y la dignidad de las personas privadas de la libertad.

En el documento, según el medio local, los denunciantes insisten en que la reubicación de los pacientes con tuberculosis en áreas comunes contradice los principios básicos de salubridad y atención médica, así que solicitan que se les traslade de inmediato a espacios adecuados para su tratamiento y aislamiento.

El documento también incluye una petición formal al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Salud de Antioquia, con el fin de que realicen una verificación urgente de las condiciones sanitarias dentro del penal.

Del mismo modo, los internos argumentan que la falta de respuesta institucional agrava la crisis y aumenta el riesgo de propagación de la tuberculosis, así como de otras enfermedades asociadas a la insalubridad y la desnutrición.

Además de la problemática sanitaria, el comunicado dirigido al Gobierno Nacional exige una revisión del contrato de alimentación vigente en la prisión, teniendo en cuenta que los reclusos denuncian que la comida suministrada se encuentra en estado de descomposición y que la carencia de agua potable ha provocado un deterioro progresivo en la salud de la población carcelaria, lo que derivaría en una mayor posibilidad de contagio no solo entre los privados de la libertad, sino en aquellos que los visitan.

De acuerdo con el reporte hecho por el defensor de derechos humanos, estas condiciones también han derivado en casos de desnutrición, lo que suma una nueva dimensión a la crisis humanitaria que atraviesa el centro penitenciario.

Ante la gravedad de la situación, según los internos y su representante, se requiere una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la población reclusa continúe expuesta a riesgos que podrían evitarse de tener un mayor control de los establecimientos carcelarios a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y es que esta situación se presentó en medio de la crisis de hacinamiento en el país: “Existe una mayor población privada de la libertad que cupos al interior de los establecimientos carcelarios o centros de reclusión. Esto conlleva graves problemas de salud y sanidad al interior de las cárceles, además que genera oportunidades para que se cometan distintos tipos de atropellos y actividades delictivas”, explicó Samuel Escobar, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario.