Colombia registra 2,49 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, la mayoría son mujeres

Colombia cuenta con 2,49 millones de jóvenes que viven una situación que compromete no solo su presente, sino también el futuro del país, pues no estudian ni trabajan, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El impacto de este fenómeno recae en su mayoría sobre las mujeres, ya que 1,69 millones (el 68%) son mujeres, frente a 795.000 hombres en igual condición. El país enfrenta así una fractura persistente entre el sistema educativo y el mercado laboral, especialmente en la población joven.

Aunque en los últimos meses los indicadores de desempleo general han mostrado una leve recuperación, la situación de la juventud continúa siendo crítica. En junio de 2025, la tasa nacional se ubicó en 8,6%, marcando un descenso de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, pero el panorama para la población de 14 a 28 años revela otro escenario. Según la Alianza por la Inclusión Laboral (AIL), el 43% de la juventud colombiana está desconectada del sistema educativo y del mercado laboral, lo que refleja la fragilidad del puente entre estudiar y acceder a un empleo digno.

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Los datos revelan la magnitud del problema, aún más en departamentos como Guainía o Vaupés, donde la cobertura en educación media apenas llega al 11% entre quienes deberían cursar grados 10 y 11, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación. Además, solo 4 de cada 10 jóvenes logran ingresar directamente a la educación superior tras terminar el colegio.

El panorama laboral no es más alentador. El 57,1% de quienes trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, sin contrato, protección social ni estabilidad económica, con ingresos que en promedio no superan los $907.200 mensuales, por debajo del salario mínimo vigente. Este contexto se traduce en empleos mal remunerados, inestabilidad y precarización.

La Alianza por la Inclusión Laboral advierte: “Cuando se cruzan la pobreza, el género o el lugar donde se nace, el hilo se tensa más. Y cuando demasiados hilos se rompen, el tejido social ya no abriga, se vuelve frágil, desigual e insuficiente”.

La desconexión no golpea de igual forma a todo el país. La ubicación geográfica determina profundamente las posibilidades de desarrollo. “En estas zonas, la escasez de empresas formales y la limitada oferta de empleo para profesionales calificados obliga a muchos jóvenes a migrar. Quienes no pueden hacerlo enfrentan un panorama desolador, donde el acceso a educación superior de calidad y a formación técnica es deficiente”, explica Andrés Delgado, executive manager de Michael Page.

La exigencia de experiencia previa, incluso en cargos iniciales, complica aún más el acceso de los jóvenes al mundo laboral. Delgado lo describe como “el cuento de nunca acabar”, es decir, “muchos jóvenes terminan la universidad o una carrera técnica con un conocimiento increíble, pero se encuentran con que la mayoría de las ofertas de trabajo exigen experiencia previa. ¿Cómo ganas experiencia si nadie te da la primera oportunidad?”.

Además, la falta de habilidades transversales demandadas por el mercado y la carencia de redes de contacto dificultan la búsqueda de empleo. “La falta de una buena red de contactos puede ser tan decisiva como la falta de experiencia”, enfatizó Delgado.

La edad promedio de matrícula en grado 11 es de 16,4 años. Es decir, la mayoría de los jóvenes deben tomar decisiones cruciales sobre su futuro laboral o académico siendo aún menores de edad, en un contexto donde no pueden firmar un contrato formal sin autorización legal.

Sobre este punto, Daniel Uribe, director ejecutivo de Fundación Corona, subraya: “La educación media es ese instante en la vida de los jóvenes que no se repite. Perder ese punto de apoyo es arriesgar su futuro y el del país”. La falta de orientación vocacional y la baja calidad educativa dejan a millones de jóvenes sin las herramientas necesarias para transitar hacia la educación superior o acceder al empleo formal.

Pese a las dificultades, se reconoce que los jóvenes representan un potencial invaluable para Colombia. Actualmente hay más de 12 millones de personas entre 14 y 28 años, y esta generación podría convertirse en pilar de un mercado laboral más diverso e innovador si recibe las oportunidades necesarias.

El documento de la AIL no se limita a exponer el problema. Plantea como solución los modelos de transición que incluyan primeras experiencias laborales desde el colegio, la formación adaptada al territorio (que responda a las realidades de cada región) y las redes juveniles que fortalezcan el capital social y faciliten acceso a oportunidades.

“Se pueden desarrollar programas de prácticas y pasantías bien estructuradas, actualizar los currículos de acuerdo con las demandas actuales del mercado y fomentar la formación dual. Solo a través de esta colaboración podremos construir un puente sólido que garantice una transición fluida y exitosa de la vida académica a la profesional”, sostiene Delgado.

Al cierre del segundo semestre del año, hubo 2,49 millones de personas entre los 15 y 28 años de edad que no estudian ni trabajan, según reveló el Dane, representando el 22,4% de las personas en edad de trabajar en este rango de edad. El 7,1% corresponde a hombres (795.000 personas) y el restante 15,2% corresponde a las mujeres (1,69 millones de personas).

Si se amplía el espectro a la totalidad de la población joven, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 15,3%, lo que representa una disminución de 2,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (17,7%).

En cuanto a distribución por sectores, el comercio y la reparación de vehículos emplean al mayor número de jóvenes (977.000 empleados), seguidos del agro (732.000), la industria manufacturera (573.000), alojamiento y servicios de comida (515.000), administración pública, educación y salud (466.000), y actividades artísticas y de entretenimiento (421.000). Los sectores con menor presencia juvenil son las actividades inmobiliarias, el suministro de electricidad, gas y agua, la explotación de minas y canteras y las actividades financieras y de seguros.