
El abogado Diego Cadena, conocido por haber representado judicialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un proceso judicial que lo dejó condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve, pero absuelto de los cargos relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.
En entrevista con El Colombiano, su defensor Iván Cancino explicó las razones por las cuales el fallo resultó distinto en uno y otro episodio, y señaló que las pruebas presentadas en el juicio de Cadena no fueron tenidas en cuenta en el proceso contra el expresidente Uribe, lo que a su juicio explica la diferencia en los desenlaces judiciales.
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Según Cancino, en el caso de Vélez se logró demostrar la falta de solidez de las declaraciones. Entre los elementos aportados estuvieron dictámenes periciales que ubicaron contradicciones en los testimonios, certificaciones bancarias que desmentían la existencia de cuentas señaladas por los testigos y la exposición de inconsistencias en las fechas de los supuestos pagos. Además, la defensa resaltó que Vélez cambió en varias ocasiones la cifra que decía haber recibido, lo cual debilitó su credibilidad.
“Nosotros pudimos llevar testigos que no llevaron al proceso de Álvaro Uribe y demostramos la mentira. Por ejemplo, uno de los testigos en el caso Vélez decía que le habían entregado dinero en dos sitios y nosotros hicimos un dictamen pericial para demostrar que ese señor no había estado en esos sitios. Eso no se hizo en el proceso de Álvaro Uribe”, señaló.
El resultado contrastó con el proceso contra el expresidente Uribe, en el que las afirmaciones de Vélez tuvieron un peso central. Cancino señaló a El Colombiano que en el caso de su cliente se pudieron llevar testigos y pruebas que no estuvieron presentes en el expediente del exmandatario, lo que explica el contraste entre las decisiones. Aun así, reconoció que el fallo de Cadena difícilmente podrá ser usado en beneficio del expresidente, ya que las instancias procesales de ese caso no permiten incorporar nuevos elementos probatorios.

En el episodio de Juan Guillermo Monsalve, en cambio, la justicia consideró probado que Cadena intentó en varias ocasiones que el testigo se retractara de sus señalamientos contra Uribe, ofreciéndole beneficios jurídicos que no tenían sustento. El juez concluyó que esas gestiones, en las que también habría participado el interno Enrique Pardo Hasche, fueron determinantes para considerar que hubo una conducta dolosa encaminada a fabricar una mentira procesal. El documento de retractación redactado por Monsalve, acompañado de una nota en la que advertía que lo hacía bajo presión, resultó clave para la condena.
“Yo jamás ataqué la credibilidad de Monsalve. En el otro lado sí la atacaron muy duro. Lo que manifesté es que a Monsalve, como lo puede apreciar cualquier ciudadano que revise las audiencias, yo le pregunto que si a él alguna vez Diego Cadena le dijo que mintiera, transformara o cambiara la verdad y él dice que no. De tal manera que si la misma supuesta víctima del delito está negándolo, no puede ser condenado”, expuso.

La Fiscalía solicitó una pena de 84 meses de prisión, cuya lectura quedó programada para el 30 de septiembre. Mientras tanto, Cadena se mantiene en libertad y sin restricciones, a la espera de la decisión en segunda instancia. Según lo expresado por Cancino en su conversación con El Colombiano, la defensa confía en que el fallo pueda ser revertido, e incluso plantea que, de mantenerse la condena, su cliente tendría derecho a beneficios como la prisión domiciliaria por el cumplimiento de los requisitos legales.
El proceso de Cadena ilustra cómo un mismo núcleo de testigos y episodios judiciales puede arrojar resultados diferentes en tribunales distintos. Para Cancino, lo ocurrido con Vélez en este juicio pone en evidencia las inconsistencias del exparamilitar, mientras que el caso de Monsalve refuerza la visión contraria de la justicia sobre las actuaciones del abogado. En cualquier caso, ambos escenarios mantienen conexión con los procesos que han marcado la situación jurídica del expresidente Uribe.
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