Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, anunció que emprenderá acciones legales contra varios dirigentes políticos que hayan involucrado a la congresista en las amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y otros dirigentes políticos de la ciudad.
En su cuenta de X, la parlamentaria hizo referencia a los comentarios hechos por Alejandro de Bedout, concejal de la capital antioqueña por el movimiento político Creemos, que le atribuyó su responsabilidad en los recientes ataques contra el mandatario distrital.
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Además, el corporado antioqueño manifestó que dichos ataques contra el alcalde paisa provienen desde la cárcel de Itagüí, lugar en el que se encuentran recluidos los exjefes de bandas criminales de la ciudad.
“Si cualquier cosa le llega a pasar a Andrés Tobón, a Claudia Carrasquilla, al alcalde Federico Gutiérrez, hay responsabilidad política de Isabel Zuleta, la reina de la cárcel de Itagüí. Ella es la coordinadora de las mesas de conversación socio jurídicas en la cárcel de Itagüí, de donde están saliendo las órdenes y se están haciendo las reuniones para planear posiblemente los atentados. Ella está alcahueteando y también está posiblemente dejando que eso suceda, desde ahí que nos amedrenten a nosotros”, expresó el concejal De Bedout en su momento.
Ante estas declaraciones, la congresista del Pacto Histórico no solo desmintió su vinculación a las amenazas contra Gutiérrez y otros dirigentes antioqueños, sino que aseveró que es un intento de deslegitimar las mesas de diálogos con los jefes de organizaciones criminales.
“Otra injuria y calumnia sobre la que actuaré, no solo no tengo nada que ver con ningún delito de los que denuncian sino que esta persecución basada en falsas acusaciones lo único que buscan es atacar la posibilidad del proceso de paz urbana, les angustia la paz porque viven de la guerra”, escribió Zuleta en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.
Amenazas contra Federico Gutiérrez y políticos antioqueños
El 12 de agosto de 2025, se conoció un supuesto plan para atentar contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez y a otros líderes políticos de derecha como los concejales Andrés Tobón y Claudia Carrasquilla.
De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la advertencia llegó a las autoridades locales el 26 de mayo, diez días antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), y que resultó en el fallecimiento del senador, reportado en la madrugada del 11 de agosto.
La denuncia inicial, según los reportes recogidos por Caracol Radio, se originó a partir de la declaración de un recluso de alto perfil en la cárcel de Cómbita (Boyacá), que habría revelado detalles del plan.
El informe señala que las disidencias de las Farc habrían reunido cerca de ocho millones de dólares para financiar atentados contra varias figuras públicas, entre ellas Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla (conocida como “La dama de hierro”) y Abelardo de la Espriella.
Los encargados directos de ejecutar las acciones serían individuos identificados como alias Bala, alias Manolo, alias Musaraña y una persona conocida como alias Agudelo. Para estos ataques se habría previsto el uso de armamento de largo alcance y drones, y se menciona la posible participación de una organización criminal del Valle de Aburrá.
Sin embargo, el grupo armado negó cualquier implicación en dicho plan, al calificarlo como una “maniobra ruin” el uso de su nombre para generar zozobra y sostiene que no acepta “montajes ni amenazas, veladas o abiertas”.
“Estas falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio y del pueblo, buscan sembrar miedo, confusión y deslegitimar la lucha popular”, señala el comunicado revelado por Caracol Radio.
Además, advirtieron que no permitirán que se utilice su identidad “para justificar la represión ni para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Medellín y la patria”.
Por el momento, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional abrieron investigaciones y reforzaron los esquemas de protección de los funcionarios señalados.
A su vez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) incrementó las medidas de seguridad para la concejal Claudia Carrasquilla, que recibió escoltas y vehículos adicionales tras confirmarse su inclusión entre los objetivos del frente 33 de las Farc
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