El auge de los creadores de contenido en Colombia pasó de ser una moda digital a convertirse en un motor económico y cultural. Sin embargo, el crecimiento vertiginoso de esta industria dejó un vacío, no existen reglas claras que protejan a quienes trabajan en ella ni que ordenen su relación con marcas y plataformas. Ese vacío es justamente el que busca llenar el proyecto de Ley 395 de 2025, iniciativa liderada por el jurista Juan Sebastián Giraldo, uno de los voceros más visibles del ecosistema de creadores.
El proyecto, radicado en el Congreso este año, plantea un cambio de fondo, reconocer que la creación de contenido es un trabajo y, por tanto, requiere un marco jurídico moderno. No se trata únicamente de contratos, impuestos o métricas; se trata de garantizar dignidad laboral y seguridad jurídica en un campo donde la informalidad ha sido la regla.
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Giraldo lo resume en una frase: “No se trata de limitar la creatividad, sino de garantizar condiciones dignas y reglas simétricas para todos los actores del ecosistema”. Bajo esa premisa, el articulado propone medidas como el reconocimiento jurídico-ocupacional del creador digital, modelos de contratación justa y transparente, un régimen tributario y de seguridad social adaptado a la economía digital y estándares para combatir el fraude de audiencias falsas.
Uno de los capítulos más amplios está dedicado a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Allí se incluyen propuestas concretas, reforzar la privacidad de las cuentas de menores, etiquetar contenidos con advertencias de edad, restringir la publicidad dirigida y ofrecer “modos escolares o nocturnos” que reduzcan el consumo compulsivo de pantallas. La corresponsabilidad es central, plataformas, anunciantes y creadores deberán asumir compromisos conjuntos para garantizar un ambiente más seguro.
La iniciativa también busca proyectar a Colombia como un referente en regulación digital en la región. De aprobarse, permitiría formalizar miles de oficios vinculados a la creación de contenido, fortalecer la confianza de anunciantes y generar empleos indirectos en campos como producción audiovisual, diseño, gestión de comunidades o analítica de datos.
El camino para llegar al texto definitivo contempla mesas técnicas y audiencias abiertas con representantes de distintas disciplinas, música, moda, educación, deporte, periodismo, humor, gaming y emprendimiento, entre otros. La idea es que la ley refleje la diversidad cultural y territorial del país y que surja de consensos en tres frentes: definiciones y alcances de la actividad, relaciones contractuales y garantías, y lineamientos éticos con foco en la protección de audiencias.
Giraldo insiste en que este proyecto no solo busca reglas, sino certezas. “La creatividad es un activo nacional. La ley debe acompañarla con reglas justas, protección efectiva y oportunidades reales en todo el territorio”, afirmó.
En otras palabras, el proyecto de Ley 395 de 2025 pretende pasar del “like” a los derechos, consolidando un ecosistema en el que la innovación digital conviva con la responsabilidad social y, sobre todo, con la seguridad de quienes hacen y consumen contenido en Colombia.
El impacto a la economía
El proyecto de Ley 395 de 2025 no solo busca ordenar un sector que hasta ahora se ha movido entre la informalidad y la precariedad, también tiene profundas implicaciones económicas y sociales que vale la pena examinar. En términos económicos, la creación de contenido digital dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un engranaje clave de la economía creativa.
Formalizar este trabajo —a través de contratos transparentes, estándares antifraude y un régimen tributario adaptado— podría traducirse en mayor confianza para las marcas, trazabilidad en las inversiones publicitarias y, en consecuencia, un incremento en el flujo de capital hacia el sector. A mediano plazo, Colombia podría posicionarse como un hub regional en economía digital, atrayendo a empresas, agencias y talentos que buscan un entorno regulado y seguro.
En el plano social, la discusión es aún más sensible. El proyecto reconoce la vulnerabilidad de los menores en plataformas donde el consumo es masivo y muchas veces sin filtros. Las salvaguardas propuestas —desde privacidad reforzada hasta limitaciones en la publicidad dirigida— apuntan a proteger a las audiencias más expuestas, al tiempo que fortalecen la corresponsabilidad entre plataformas, creadores y anunciantes.
También hay un componente de dignificación laboral, pasar de la percepción del creador como “influencer” aislado a reconocerlo como trabajador cultural con derechos y deberes. El reto, sin embargo, será lograr un equilibrio, diseñar reglas que promuevan la formalización sin sofocar el emprendimiento, y que a la vez fortalezcan el ecosistema digital sin restarle dinamismo ni creatividad.
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