En Colombia, miles de baterías de automóviles y motocicletas terminan cada año en talleres, bodegas o rellenos sin un manejo adecuado. El riesgo no es menor, cada una de ellas contiene plomo y ácido sulfúrico, sustancias capaces de contaminar suelos, ríos y poner en riesgo la salud de comunidades enteras.
Para enfrentar este problema, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0799 de 2025, una norma que cambia las reglas del juego en la gestión de las llamadas baterías plomo-ácido usadas. La medida obliga a fabricantes, distribuidores, usuarios y gestores a asumir responsabilidades claras en la recolección y disposición de estos residuos peligrosos.
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“Prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública frente a los riesgos derivados del manejo inadecuado de estos residuos peligrosos” es el objetivo central de la resolución, según el comunicado oficial de la cartera.
La norma establece que toda batería usada debe tener trazabilidad. Esto significa que los operadores autorizados deberán emitir certificados de gestión, garantizando que cada unidad recolectada llegue a un proceso de disposición final seguro.
Los productores estarán obligados a organizar sistemas de recolección, individuales o colectivos, habilitar centros de acopio, realizar campañas de información y alcanzar metas mínimas de recuperación. El 90% en baterías de vehículos y el 60% en motocicletas.
Los comercializadores también tendrán un papel clave, deberán recibir sin costo las baterías usadas, apoyar la logística inversa y ofrecer información clara en los puntos de venta. Los usuarios, por su parte, estarán en la obligación de entregar sus baterías a canales autorizados, evitando la manipulación riesgosa o la venta a intermediarios informales.
Finalmente, los gestores deberán contar con licencia ambiental y entregar certificados de gestión bajo los parámetros definidos en la norma, cerrando así el ciclo de trazabilidad.
Para la ministra (E) de Ambiente, Irene Vélez Torres, se trata de un paso histórico: “representa un hito en la gestión de residuos peligrosos en Colombia. Con ella consolidamos una visión de economía circular, fortalecemos la trazabilidad de las baterías usadas y defendemos la salud de las comunidades vulnerables frente a la contaminación por plomo”.
La economía circular es, de hecho, el corazón de la resolución. Bajo este enfoque, las baterías no se conciben solo como residuos, sino como materiales que pueden reinsertarse en la cadena productiva a través del reciclaje controlado, reduciendo la presión sobre recursos naturales y evitando impactos ambientales irreversibles.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) será la encargada de evaluar y aprobar los sistemas de recolección diseñados por los productores, así como de hacerles seguimiento. Además, las autoridades ambientales regionales y urbanas tendrán que reforzar los controles en los establecimientos comerciales para garantizar que cumplan con la nueva normativa.
La urgencia de la medida radica en la magnitud del riesgo. Una batería mal dispuesta puede liberar plomo, un metal pesado que se acumula en el organismo y provoca daños neurológicos, especialmente en niños. El ácido sulfúrico, por su parte, contamina suelos y fuentes hídricas, con efectos devastadores en la biodiversidad.
Aunque algunas empresas ya habían implementado esquemas de recolección voluntaria, el nuevo marco normativo busca cerrar vacíos legales y asegurar que la gestión de estos residuos no dependa solo de la buena voluntad del sector privado.
Más allá de las obligaciones empresariales, la resolución apunta a un cambio cultural. El consumidor final se convierte en un actor central, entregar una batería en un punto autorizado puede marcar la diferencia entre un ciclo sostenible y un foco de contaminación. En este sentido, el ministerio espera que la divulgación de campañas informativas ayude a sensibilizar a los ciudadanos sobre el riesgo que representan estos residuos cuando se manejan de forma inadecuada.
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