Más de 850 familias en Bogotá podrían perder sus comedores comunitarios por los contratos de un prófugo

La suerte de cientos de familias vulnerables en Bogotá podría verse afectada por un caso que va más allá de la política. Tres comedores comunitarios que hoy atienden a más de 850 personas en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal están en el centro de la polémica porque la corporación que los administra tiene en su junta directiva a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y figura cercana a la política nacional.

La Corporación Sor Teresa de Calcuta opera los comedores Resurrección, Puente Colorado y San Martín de Loba, y mantiene contratos vigentes con la Secretaría de Integración Social que superan los 1.240 millones de pesos. Aunque la entidad distrital asegura que los procesos de contratación cumplieron con la ley, reconoce que, de existir una eventual condena en contra de González, el Distrito estaría obligado a suspender esos convenios.

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La pregunta que se hacen los beneficiarios es evidente: ¿qué ocurrirá si se cierran los comedores? La Secretaría de Integración Social respondió que ya existe un plan de contingencia: “En cualquier caso que se presente estaremos entregando paquetes alimentarios que garanticen el mismo componente alimentario nutricional que reciben en su comedor comunitario”. El anuncio pretende dar tranquilidad, pero la sola posibilidad de que se interrumpa la atención despierta inquietud en familias que dependen a diario de estos espacios para garantizar su alimentación.

De acuerdo con la información oficial, la corporación ligada a González no es la única con vínculos con el Distrito. La familia del exdirector del Dapre también tendría participación en la Corporación Asís de Colombia, que maneja otros tres contratos. En este caso, González no figura en los documentos legales, razón por la cual no estaría directamente involucrado en el plan de contingencia anunciado por el Distrito.

La contratación, según la Secretaría, se realizó mediante procesos competitivos en los que las organizaciones debían cumplir con todos los requisitos de ley. Sin embargo, las revelaciones sobre la presencia de González en la junta directiva ponen en entredicho el control que ejerce la administración sobre sus operadores.

El concejal Daniel Briceño, uno de los primeros en advertir la situación, lanzó una advertencia pública: “Es preocupante que la comida de los comedores comunitarios, la administración de ese servicio esencial para la ciudad esté en manos de un prófugo de la justicia. Le hemos solicitado al secretario de Integración Social y al alcalde que les prestara atención a los tentáculos de Carlos Ramón González”.

Los nexos entre González y el Distrito no son recientes. Desde 2012, cuando Gustavo Petro era alcalde, la corporación ha tenido vínculos contractuales con la administración capitalina. A lo largo de más de una década, estas alianzas permitieron que la ONG maneje distintos comedores comunitarios en la ciudad.

El problema es que, con el paso del tiempo, la figura de González se convirtió en un factor de riesgo jurídico. Si la justicia confirma una condena en su contra, los contratos no podrían continuar y el servicio tendría que suspenderse de inmediato.

Aunque para algunos se trata simplemente de un nuevo capítulo en la vida política de González, para las comunidades atendidas no es un debate lejano. Son adultos mayores, niños y familias de bajos recursos los que podrían quedarse, de un día para otro, sin el plato de comida que reciben en los comedores.

La Secretaría de Integración insiste en que no habrá desprotección, pero el escenario confirma la fragilidad de un servicio que, pese a su importancia social, depende de operadores con vínculos cuestionados.

El futuro de los comedores comunitarios está ahora atado a los avances en los procesos contra Carlos Ramón González. El Distrito deberá demostrar que tiene la capacidad de responder, no solo con planes de emergencia, sino con soluciones estables que garanticen que la alimentación de los más vulnerables no dependa de las decisiones judiciales de un prófugo.