Con la resolución del 12 de agosto de 2025, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos no recibirán beneficios por colaboración con la justicia.
Ambos fueron condenados a 25 años de prisión tras confesar que entregaron $1.500 millones a Francisco Luis Correa para planear y ejecutar el homicidio del fiscal antimafia Marcelo Pecci en mayo de 2022.
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“RESUELVEARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 0005 del 12 de junio de 2025, por medio de la cual fue negada la solicitud de beneficios por colaboración eficaz con la administración de justicia, solicitada por ANDRÉS FELIPE PÉREZ HOYOS, y RAMÓN EMILIO PÉREZ HOYOS, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 190 de la Ley 600 de 2000”, se lee en la resolución conocida por Caracol Radio.
La defensa había apelado buscando un beneficio de reducción de condena, pero la Fiscalía ratificó el rechazo, argumentando que no es posible acumular ventajas judiciales.
Un caso con múltiples aristas
El asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido en las playas de Barú, Cartagena, continúa siendo un caso de repercusión internacional. El fiscal paraguayo, reconocido por su trabajo contra el narcotráfico en coordinación con la DEA, fue víctima de un atentado que reveló la participación de estructuras criminales transnacionales.
Tras ser condenados por homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado, la pena de os hermanos Pérez Hoyos ya había sido reducida en un 45% debido a la aceptación de cargos bajo la Ley 906 de 2004.
Por ello, la fiscal Camargo explicó que resulta improcedente conceder un nuevo beneficio: “En suma, los aspirantes recibieron una rebaja de la pena del 45% con ocasión de la aceptación de cargos, lo que impide aplicar los beneficios por colaboración de que trata la Ley 600 de 2000, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 416 de este cuerpo normativo”, precisó la resolución.
La propuesta de los condenados incluía aportar información clave sobre supuestos autores intelectuales y financiadores del crimen, incluso señalando que podrían identificar a miembros de la llamada “junta del narcotráfico de Dubái”. Según sus declaraciones, aportarían detalles de los contactos, la procedencia del dinero y las motivaciones detrás del homicidio.
La sombra de Correa Galeano y la presión internacional
La muerte en prisión de Francisco Luis Correa Galeano, considerado el cerebro logístico del asesinato y testigo clave, cambió el rumbo del proceso. Correa fue asesinado en el pabellón 32 de la cárcel La Picota en Bogotá, un hecho que generó sospechas sobre posibles intentos de silenciar testigos que podían revelar a los autores intelectuales.
El fallecimiento de Correa incrementó los temores de los hermanos Pérez Hoyos sobre su seguridad en prisión. Según versiones recogidas por medios nacionales, su interés en colaborar buscaba también evitar “correr la misma suerte que Correa Galeano en la cárcel”.
Sin embargo, la Fiscalía fue enfática en que la colaboración debe estar sujeta a la ley y no puede ser un recurso para obtener beneficios no permitidos: “Finalmente, debe precisarse que las acciones dirigidas a que, en este caso, como en cualquier otro, se materialicen los derechos a la verdad y a la justicia, debe responder a un ejercicio legítimo en el recaudo de información y evidencias. De ninguna manera su obtención puede realizarse desatendiendo una prohibición legal expresa”, señala la decisión.
En Paraguay, donde Marcelo Pecci era considerado un fiscal emblemático por sus investigaciones contra el narcotráfico, la presión sigue vigente. Autoridades y familiares insisten en que aún faltan esclarecer los nombres de quienes ordenaron el crimen, y exigen que Colombia avance en esta investigación.
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