Conflicto por tierras entregadas a víctimas y excombatientes en el Valle del Cauca deja deudas, amenazas y disputas tras casi 20 años

La figura de la empresa privada comunitaria encargada de administrar las 1.400 hectáreas entregadas en 2006 a familias de reincorporados, desplazados y campesinos del Valle del Cauca ha generado más conflictos que soluciones para muchos de sus beneficiarios.

“Hoy día se tiene una deuda de más de 800 millones de pesos con la Dian”, afirmó Concepción Segura, una de las adjudicatarias, al exponer la magnitud de los problemas económicos que atraviesan quienes recibieron estos predios.

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Según reportó Semana, la iniciativa estatal contempló la entrega de 35 predios en las fincas Sandrana y Samaria, antiguamente propiedad del narcotraficante José Santacruz Londoño.

El objetivo era transformar dichos terrenos en campos realmente productivos, gestionados por los propios reincorporados, víctimas y campesinos. No obstante, el método de adjudicación utilizado—el llamado “común proindiviso”—provocó una serie de dificultades.

Cada beneficiario sabía que le correspondía una extensión de entre 5 y 7 hectáreas, pero no existía una delimitación física de sus parcelas. Esto generó, durante casi dos décadas, una situación en la que “todos son dueños, pero nadie sabe dónde está su pedazo”, con algunos adjudicatarios asegurando incluso que su tierra “desapareció”.

Esta falta de claridad ha desencadenado una serie de reclamos legales y protestas. “Un año después, él murió en un accidente, iba caminando por la calle, se formó una balacera y le dio una bala perdida”, relató Concepción Segura sobre la pérdida de su esposo, al medio mencionado, quien había sido uno de los adjudicatarios y reincorporado del Bloque Calima de las AUC.

Además, algunos, como Octavio Ferias, han decidido acampar durante meses a las afueras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá mientras buscan una solución.

A las trabas legales se suman amenazas, asesinatos y un creciente endeudamiento. El caso de James Londoño, quien ejercía como representante legal de la Empresa Comunitaria Unida de Paz, Libertad y Trabajo (Ecoupalt), demuestra los riesgos asociados.

“En ese momento, en Ecoupalt hicieron un préstamo de 4.000 millones de pesos para desinundar las tierras afectadas por la ola invernal. ¿Dónde están, en qué los invirtieron?”, cuestionó Octavio Ferias en diálogo con Semana.

Las consecuencias han sido graves: la organización acumula deudas con la Dian y enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia en la inversión de dichos recursos.

El Auto 7525 de la ANT, expedido en noviembre de 2020, documentó buena parte de estos conflictos. En él, varios beneficiarios intentaron dejar sin efecto la resolución original de adjudicación para que finalmente se definieran los límites de las parcelas y pudieran aprovechar la producción de la tierra comprometida por el Estado.

No obstante, inspectores de la entidad advierten que los adjudicatarios están incumpliendo la restricción de transferir a terceros la explotación de los predios, lo que añade una capa más de complejidad al conflicto.

Mientras el debate continúa en el ámbito administrativo y judicial, varias familias ven la esperanza de la reparación diluirse entre multimillonarias deudas, amenazas y la imposibilidad de poseer plenamente la tierra que el Estado les prometió hace casi veinte años.

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), rechazó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la gestión de tierras en el Cesar y defendió el trabajo de Alexandra Pineda, resaltando la confianza del presidente Gustavo Petro en su equipo.

La polémica surgió tras una publicación de la revista Cambio que reveló la inscripción de contratistas y políticos como “campesinos necesitados” en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), herramienta diseñada para identificar beneficiarios vulnerables de tierras estatales.

Al menos cuatro contratistas figuran en la base de datos del Reso, cuya información se viralizó después de denuncias en redes sociales realizadas por los periodistas Katia Ospino y Jacobo Solano. Andrés Idarrága, secretario de Transparencia, reconoció que estos hechos llegaron a la Casa de Nariño.

Uno de los casos señalados es el de Alcides Rafael Araújo Molina, abogado y coordinador en la ANT, inscrito en el Reso mientras tenía contratos con la entidad. Araújo argumentó que solicitó su inclusión antes de ser funcionario, aunque su historial muestra vínculos laborales previos.

También se destaca el caso de Alvy Luz Ortiz, registrando su inscripción tras contratos con la ANT y nexos con Corpovida, ONG dirigida por Alexandra Pineda y su esposo, quienes también figuran en el Reso. La Oficina del Inspector de Tierras confirmó una investigación preliminar sobre el asunto.